Artículo de Opinión: Propuesta abierta a la Mesa de la Función Pública – Parte I

Herminio Carral Olondriz
Juan Enrique Elua Suarez
Encarnación López del Castillo
Unai Ortega Alvarez

Desde que la crisis ha cogido velocidad de crucero, cada año que empieza empeora al anterior, al menos por ahí apuntan en este 2013 las diferentes previsiones publicadas.

Aunque con cierto retraso esta crisis sistémica, convertida en multidimensional, lleva tiempo instalada en la CAV con toda su crudeza.

A los recortes sociales y ajustes extremos con la correspondiente fractura social, la clase media en declive, la extensión de la precariedad, el incremento de la pobreza y de la desigualdad, la cohesión social en grave riesgo,… se une la corrupción estructural, la crisis de representación e institucional (Justicia, Monarquía, Sistema de Partidos, Sistema Electoral,…) incluso, la democracia misma está en quiebra.

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Algo que se olvida o directamente se desprecia es que el objetivo principal de la política económica es mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos para incrementar sus opciones, oportunidades, libertades,…

A una redistribución de la riqueza vía gasto (manifiestamente mejorable) no le acompaña una redistribución vía ingresos. Esto hace que sea urgente abordar, sin dilación, una profunda reforma de la fiscalidad más progresiva y equitativa para mejorar las finanzas públicas y orientarla al bienestar de la sociedad.

Todo está quebrado y, por lo tanto, hay que replantearse todo. Tanto la renovación de la democracia como la de la política vendrá de la capacidad que tengamos para “cambiar la sociedad” y desarrollar un sistema sostenible, más igualitario, racional y rentable, no sólo en términos económicos sino, sobre todo, sociales.

Lo que sigue es un breve análisis sobre “las pensiones públicas versus pensiones privadas” que finaliza con una propuesta, en línea con lo que entendemos un nuevo modelo social y económico.

Los Sistemas Públicos de Pensiones son un pilar fundamental del Estado de Bienestar. Desde los años 80, su privatización se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal de instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE,…) y ha sido ampliamente asumida por los gobiernos de la mayoría de países ricos, independientemente de su color político.

En el Estado, a pesar del tardío y escaso desarrollo del Estado de Bienestar, el Sistema Público de Pensiones se fue desarrollando y ampliando hasta 1995. En abril del 95, el gobierno junto con la patronal, sindicatos mayoritarios y las fuerzas políticas parlamentarias acordaron constituir el llamado “Pacto de Toledo” para el seguimiento y análisis de las pensiones públicas, establecer reuniones periódicas para estudiar la viabilidad mediata y futura de la “pensión pública” y plantear las recomendaciones y reformas que pudieran considerar necesarias.

En ese momento. entre los acuerdos que pacta, aparece el de separar la financiación de la Seguridad Social (su parte contributiva) de los presupuestos generales del Estado. Esto significó que las pensiones contributivas solo podían ser financiadas por las cotizaciones sociales sustrayendo de participar en su financiación a otros fondos públicos (impuestos).

De tal manera que el Sistema de Pensiones dejó de recaer en toda la sociedad para hacerlo en exclusiva en los trabajadores y se abrió la puerta para poder eliminar los componentes solidarios y redistributivos del Sistema Público.

Al mismo tiempo se impulsaron “sistemas de pensiones privados” que permitieran completar la pensión pública porque se cuestionaba su sostenibilidad.

Aquí, el Círculo de Empresarios ha sido y sigue siendo un activo defensor de la privatización de las pensiones (su modelo es Chile). Lo cierto es que entre 1995 y el 2000, al calor de campañas publicitarias e informes intencionadamente alarmistas, los fondos privados pasaron de gestionar 13.000 millones a 38.000 millones de euros en todo el Estado.

Después de llegar a los 86.000 millones en 2007 se calcula que hoy hay un patrimonio acumulado de 80.000 millones que agrupa a cerca de 10 millones de trabajadores (planes individuales y de empleo). En términos de PIB representa el 8,1%.

En estos tiempos de crisis sistémica y recesión, las pensiones públicas se vuelven vulnerables porque al hecho de hacerlas depender en exclusiva de las cotizaciones sociales se une el aumento del desempleo (menos cotizantes), la devaluación salarial (menos cotizaciones),…

El número de pensionistas en el Estado ha superado a comienzos de 2013 la barrera de los 9 millones de personas. Este dato junto con los casi 6 millones de desempleado y el de los casi 17 millones de ocupados/asalariados (y bajando) sin duda genera inquietud social.

Frente a esta inquietud están los que consideran que “la esperanza de vida y el envejecimiento de la población” no es el único vector de sostenibilidad del sistema y señalan que la suficiencia financiera del mismo depende también de los ingresos y no solo de los gastos; favorecería igualmente su situación con la mejora de los salarios, con la distribución más igualitaria de la renta, el incremento de la productividad mejorando las condiciones laborales y haciendo frente a la economía golfa (sumergida) así como al fraude fiscal y laboral,…

En el lado opuesto están los gobiernos y parlamentos que, cuando reforman los sistemas públicos de pensiones es para “debilitarlos” y endurecer las condiciones de acceso al mismo.

Además de recortar las prestaciones, al mismo tiempo ponen a disposición de las entidades financieras (gestoras) toda su capacidad legislativa (desgravaciones fiscales) para promocionar las pensiones privadas; en un principio, para completar la “pública” y, al final, para “suplantarla”.

Se calcula que el Estado ha dejado de ingresar desde 1996 alrededor de 20.000 millones de euros por los incentivos fiscales a estos planes.Los gestores de estos fondos cobran un 2% de comisión.

Por este concepto llegaron a ingresar en el 2009 unos 1.000 millones de euros. Conviene advertir que las desgravaciones fiscales por aportación a planes de pensiones privados favorecen a las 3 rentas altas, que son las que pueden ahorrar y tener inmovilizada esa liquidez hasta su jubilación.

La asociación de técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que a partir de 50.000 € de ingresos, tiene aliciente constituir una pensión privada. En definitiva, “todos los contribuyentes subvencionando a los que pueden ahorrar en una pensión privada”.

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