Artículo de Opinión: Propuesta abierta a la Mesa de la Función Pública – Parte II

Herminio Carral Olondriz
Juan Enrique Elua Suarez
Encarnación López del Castillo
Unai Ortega Alvarez

A la espera del colapso total del Sistema Público, hay quienes desde un planteamiento neoliberal propugnan acelerar su adelgazamiento (público) y a la par fortalecer las pensiones privadas con el fin de forzar directamente un sistema mixto (público/privado).

La idea de capitalizar una parte de nuestras cotizaciones sociales no es otra cosa que detraer fondos del Sistema Público (descapitalización) y llevarlos al privado, ya que una parte de la que contribuye cada trabajador dejaría de ingresarse en las arcas de la Seguridad Social para ser invertida en fondos de pensiones privados.

Estas medidas no se dirigen a la salvación del Sistema Público sino a promover su agonía mediante la disminución de su financiación.

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En un sistema mixto nos encontraríamos con que la pensión privada que cobraría el ciudadano por su contribución al fondo de pensiones (parte privada) dependería únicamente de su aportación; por lo tanto, a sueldos bajos corresponderían pensiones bajas.

En definitiva, el sumatorio de una pensión pública baja con otra privada baja, daría lugar a una cantidad significativamente inferior a la que resultaría si cotizara solo al Sistema Público.

Este sistema mixto contribuiría a incrementar la desigualdad entre rentas altas y medias-bajas. Aquí, lo que está en juego es la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto (público), lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual.

Lo que es difícil de entender es la razón de los sindicatos mayoritarios para aceptar que el Estado abandonara la financiación de la Seguridad Social (parte contributiva) así como el entusiasmo con el que siguen impulsando la extensión de los fondos privados.

Aceptar acríticamente y considerar como “mal menor” lo que proponen las élites económicas, financieras, empresariales, políticas,… para salvar sus intereses institucionales y participar en las juntas de las gestoras de los fondos privados,… hace que dejen de contemplar la atención al pensionista como una cuestión social y que se acreciente la pérdida de credibilidad en su discurso de lo “público”.

En todo caso, quizás arroje luz el siguiente texto: “El Fondo de Pensiones de la Administración del Estado está gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por los sindicatos CCOO y UGT” (El País 12.10.2005).

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) son las equivalentes a los fondos de pensiones privados. Este marco de previsión social fue aprobado en 1983. Diversas razones, que no vienen al caso, llevaron al anterior Gobierno Vasco a aprobar una nueva Ley de EPSV en 2012. Hay dos modalidades fundamentales en las EPSV, las de empleo o empresa y las individuales.

Estos fondos de pensión privados han acumulado un patrimonio hasta 2012 de 20.000 millones de euros lo que viene a ser un 30% del PIB en la CAV. En cuanto a su extensión territorial es muy desigual. Mientras el porcentaje de asalariados con estos fondos es alto en Gipuzkoa, en Araba y Bizkaia apenas llega al 5%.

La EPSV de empleo “Elkarkidetza” se constituyó hace 25 años y agrupa a los trabajadores públicos de ayuntamientos y diputaciones. Las aportaciones económicas a este “fondo privado” las hace tanto el empleador (Administración Pública) como el empleado que “voluntariamente” se acoge al mismo.

El total de empleados públicos de la Administración local y foral asciende a 33.000 (ayuntamientos: 12.000 y diputaciones: 23.000).

Los pensionistas (beneficiarios de estos fondos privados) ascendían en el 2010 a unos 3.700. En este año, las cuotas fueron de 45 millones de euros (la mitad aportadas por los trabajadores adscritos al fondo). A fecha de hoy, las aportaciones están suspendidas temporalmente.

La EPSV “Itzarri” nace en 2005 y abarca a los 75.000 empleados de la Administración Autonómica: Osakidetza, Enseñanza Pública, Ertzaintza,… sin la participación, debate y decisión de los trabajadores se nos “impuso” este fondo de “pensión privado” (curiosa forma de entender el famoso “derecho a decidir”).

Aquí, el Gobierno Vasco hace las aportaciones (en suspenso temporal desde el 2012) económicas comprometidas con independencia de que el trabajador aporte cantidad alguna.

Las cantidades aportadas por el Gobierno Vasco a Itzarri en 2010 fueron de 92,6 millones de euros y en 2011 de 53 millones (se redujo la cifra para que se “notara menos” la reducción salarial que hubo).

El patrimonio acumulado en 2011 ascendía a 480 millones de euros y el sumatorio de beneficiarios de una EPSV de empresa o empleo (sector público más el sector privado) rebasa los 400.000 trabajadores.

Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales.

Es lógico que los sindicatos (en su mayoría) sean vistos como “comerciales” de esta industria de la protección social de carácter privado. Si en el sector privado este proceder sindical es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable.

Cuando una Administración Pública junto con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa de la Función Pública y en el marco de una negociación de Convenio Colectivo acuerda abrir y financiar un “fondo de pensión privado” a cada uno de los más de 100.000 empleado públicos, olvida algo muy importante:
1. Toda la ciudadanía vasca contribuye con el pago de los impuestos (directos e indirectos) a conformar lo que se llama “recursos públicos”.
2. El destino que se da a lo que se recauda a través de la fiscalidad es lo que hace que se fortalezca o se debilite la justicia y la cohesión social.

En el caso que nos ocupa, tanto Itzarri como Elkarkidetza es un ejemplo vivo de lo que, dicho de forma educada, es “un mal uso de los dineros públicos”.

Tanto las cotizaciones sociales como las cantidades que nos ingresa la Administración Pública para complementar nuestra “pensión pública” próxima o futura son salario diferido. Ahora bien, ni significa lo mismo ni tiene el mismo alcance.

Mientras en uno, las cotizaciones sociales se detraen de nuestras nóminas (sector público/privado) y van a la Seguridad Social (a pagar pensiones públicas, por ejemplo); en el otro, la cantidad que pone la Administración en un apartado de la nómina va “íntegra” al bolsillo privado de cada empleado.

Es decir, uno tiene carácter social y además de ser contributivo y solidario, alimenta al Sistema Público de Pensiones, que es un sistema de reparto. El otro tendrá un fin social pero es privativo, no aporta al Bien Común ni a la Justicia Social y alimenta otro Sistema: “el individual”, que es de capitalización.

Éste hace que además de reforzar el temido “sálvese quien pueda” pasemos de ser considerados como “afortunados” –junto con el resto de los asalariados en la CAV- a sentirnos lamentablemente “privilegiados”.

En definitiva, rompe la cohesión social, vacía de contenido la justicia social y la equidad, extiende el agravio por el tejido social e incrementa la desigualdad respecto al resto de trabajadores.

Y todavía hay quien se atreve a decir que cesar “temporalmente” de ingresar esos dineros por parte del empleador (Administración Pública) es un ataque a los “derechos básicos”.

Está claro que seguimos confundiendo el Estado de Bienestar con el bienestar del empleado del Estado (entendido éste como Administración Pública).

Conviene recordar, una vez más, que esta peculiar redistribución de la riqueza social (generada por toda la ciudadanía) se une la desgravación fiscal que se contempla para los “fondos de pensión privados”.

Es una vergüenza escuchar a quienes defienden estas desgravaciones (Hacienda deja de recaudar y además favorece el negocio bancario) al mismo tiempo que afirman que no hay recursos suficientes para sostener el Sistema Público de Pensiones y por eso hay que recurrir al privado.

Mientras reclamamos “indignados” que los altos cargos, diputados, senadores, políticos,… se paguen de su bolsillo las pensiones privadas y no de los recursos públicos, nos ponemos de “perfil” para que no se note tanta incoherencia, impostura e hipocresía.

En la política, la corrupción se aborda con el grosero “y tú más” indicativo del lodazal en el que estamos. En lo sindical, están los que recomiendan a los demás lo que no se aplican a ellos mismos: autocrítica y reflexión.

Todo esto hace que el sentimiento de mentira recorra la vida pública y crezca el descrédito de lo político y de lo sindical en el fracturado tejido social.

Este hecho comporta riesgos muy evidentes que requiere que se actúe en la recuperación de la política (otra forma de hacer) y de lo sindical (otra forma de sindicalismo).

Si seguimos en el “autoengaño”, seguiremos portando la pancarta “lo público es de todos” (un texto muy movilizador) a sabiendas de que lo importante es lo que ocultamos: “pero no es para todos”.

En definitiva, unos, desde hace 25 años y de forma voluntaria (los que aceptaron) y, otros, desde hace 8 años, y de forma obligatoria, nos hemos/nos han convertido en 6 “rentistas” con los recursos de “toda la ciudadanía vasca”.

Mientras hablamos de economía real (productiva) que es la que genera riqueza social frente a la economía especulativa (socialmente desestabilizadora) la lógica capitalista de búsqueda del máximo beneficio nos contamina socialmente.

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