Ley de Vivienda amenazada por el PP y el PNV

img_0002La Ley vasca de Vivienda fue aprobada en junio de 2015 a iniciativa del PSE, con el apoyo de EH Bildu y UPyD (con el PNV y PP en contra), es la norma de mayor calado social aprobada durante este legislatura y que, básicamente, garantiza el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler de todas las personas empadronadas en la CAV que reúnan los siguientes requisitos:

– No tener en propiedad una vivienda o alojamiento estable o adecuado.

-Formar parte de una unidad de convivencia de tres o más miembros.

-Estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales en alquiler con una antigüedad de cuatro o más años.

-Acreditar unos ingresos anuales inferiores a 15.000 euros.

Las Plataformas de afectadxs por las Hipotecas P.A.H., han acusado al PNV y al PP de amenazar gravemente la Ley de Vivienda, los primeros por querer sustituir el derecho subjetivo de acceso con un pago económico de 250 euros y los segundos por recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, admitido a trámite y provocado la suspensión cautelar de una veintena de artículos entre los cuales se contempla la expropiación temporal de pisos a los bancos y sanciones para los propietarios de pisos desocupados.

El Gobierno vasco no ha hecho nada para evitar el recurso de inconstitucionalidad. Se vulnera así radicalmente la ley, que establece la satisfacción del derecho subjetivo mediante la puesta a disposición de una vivienda, convirtiendo la excepción, de sustituir el derecho por una prestación económica, en la norma general, y además endureciendo y recortando la actual Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que perciben 29.000 familias. Para Stop Desahucios se sustituye el derecho a una vivienda digna por 250 euros cuando el alquiler medio en la Comunidad autónoma es de 813 euros.

A falta de conocer la resolución del Tribunal Constitucional, lo que resulta evidente es que la ley hunde sus cimientos en el barro y las posibilidades de alcanzar un desarrollo completo se fían a largo plazo. A las complicaciones judiciales se añaden las propias reticencias que en su momento mostró el Gobierno vasco dirigido por el PNV. El próximo Ejecutivo tendrá que desarrollar la parte de la ley que se mantenga en pie tras el paso por el Constitucional.

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