CONTRA LA POBREZA HÍDRICA: ¡NO A LOS CORTES DEL SUMINISTRO DE AGUA!

20170127_093243En el exterior de la sede en Bilbao de las Juntas Generales, en Hurtado Amezaga; se ha realizado una concentración donde varias personas ataviadas con trajes de baño de época han denunciado públicamente la pobreza hídrica que sufren cientos de familias; además, de exigir que el agua sea considerada -y gestionada- como un bien social que satisfaga las necesidades de las personas, y no como un negocio que genera pingües beneficios a las empresas gestoras.

En el último año el “Consorcio de Aguas” (según datos de la propia institución) ha efectuado 1.130 cortes domiciliarios en el suministro de agua. Ante esta situación se presentará en el trascurso de esta comparecencia la propuesta de un “Bono Social”; inicitiva elaborada para garantizar el acceso al agua de forma universal.

En concreto, el “Consorcio de Aguas” es un ente privatizado al 60%; y muchos de sus servicios están subcontratados con empresas privadas, como es el caso del corte de suministros o la recaudación ejecutiva.

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

Frente a esta realidad de recortes, y mediante esta movilización, se ha exigido una gestión pública y participativa -y sin ánimo de lucro-, del acceso al agua como servicio de interés general. Porque el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental; además de elemento esencial para la vida.

Además, de demandar las modificaciones legislativas o desarrollos reglamentarios necesarios para dar soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. Siendo esencial prohibir los cortes de agua domésticos para las familias que no pueden hacer frente a su pago; así como asegurar un abastecimiento mínimo de 100 litros por persona/día en caso de impago; en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por todos los organismos internacionales.

PROPUESTA “BONO SOCIAL” DE ACCESO AL AGUA

El “Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia” tiene 550.000 domicilios abonados y unos beneficios de 15 millones de euros. Su presupuesto es de 150 millones de euros anuales; de los cuales 35 corresponden a la subvención recibida a través del convenio firmado con la Diputación de Bizkaia para “obras e infraestructuras”.

Por otro lado, la bonificación tarifaria aprobada en la última Asamblea del Consorcio deja fuera a la mayoría de familias con dificultades: sólo afecta a la tarifa de saneamiento y con solo una devolución del 30%; y un máximo de 60 euros por persona/año. Si aplicamos estos criterios al número de personas que se acogieron el pasado año a esta subvención, la ayuda del Consorcio ascendería a 6.780 euros; es decir, no llega ni al 0,00005% de su presupuesto.

En este contexto, hay que tener en cuenta que la “Carta Social Europea” -suscrita por el Estado Español y las diferentes administraciones vascas; y de obligado cumplimiento, cabe recordar- establece que los ingresos mínimos que se necesitan para vivir con dignidad son 1.080 euros mensuales.

Por todos estos motivos, y ante la realidad de cortes e impedimentos de acceso a un bien básico como el agua. Con la comparecencia ante las Juntas Generales se insta a la Diputación Foral, como representante y garante de los derechos y el bienestar de las familias vizcaínas, a la aprobación de la siguiente propuesta:

Los hogares con ingresos menores a 1.080 euros al mes, serán eximidos del pago del suministro de agua (incluidas tasas), siendo los gastos derivados de este servicio asumidos por los beneficios que genera el Consorcio; que deberán usarse para el mantenimiento del mismo y revertir en beneficio de la sociedad. Las familias beneficiarias de esta medida, aportarán de manera simbólica 5 cada mes para contribuir al mantenimiento del suministro.

-La aprobación de la propuesta de un “Bono Social” contra los cortes del suministro de acceso al agua.

 

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