El Gobierno Vasco del PNV y del PSE continúa con los pasos para potenciar el sistema mixto de pensiones en detrimento del sistema público de reparto

En Julio fue Unai Rementeria, Diputado general de Bizkaia, quien lanzo la propuesta de potenciar de nuevo las EPSV (Planes privados de pensiones) y de lograr un “consenso amplio” para generalizar y extender a toda la ciudadanía los sistemas privados de pensiones como complemento a las pensiones públicas, como el que ya disponen los funcionarios.

Ahora Josu Erkoreka del Gobierno Vasco en la misma línea ha informado que presentará a los sindicatos en una reunión de la Mesa de la Función Pública la negociación de una nueva aportación a los planes privados de pensiones del personal público de Euskadi (Iztarri), antes de la crisis era del 3%, luego se bajó al 0 y ahora está en el 0,5″.

Se trata de una propuesta de aportación a Itzarri el 1% de las retribuciones del personal público a partir del mes de noviembre de este año, lo que supone un 0,5% más del que ya está abonando desde el 1 de enero. El impacto presupuestario de las aportaciones a Itzarri en 2018 será de 20,5 millones de euros y en 2019 también se realizará una nueva aportación si el Estado lo autoriza en los presupuestos generales.

Ante la reunión de la Mesa de la Función Pública, Adolfo Muñoz de ELA, ha advertido de que es “imposible” sostener el sistema público de pensiones e “impensable” plantear “una extensión de las EPSV” en la medida en que “la apuesta de gobiernos y patronales sea devaluar salarios y desfiscalizar las rentas de capital y empresariales”.

Esta última afirmación, no implica un rechaza contundente al intento del Gobierno Vasco de potenciar los planes privados de pensiones, lo que entra en contradicción con las reivindicaciones del Movimiento de Pensionistas, del rechazo a los intentos de sustituir las pensiones públicas por EPSV.

Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales.

Si en el sector privado este proceder sindical es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable ya que toda la ciudadanía vasca contribuye con el pago de los impuestos (directos e indirectos) a conformar lo que se llama “recursos públicos”.

Los trabajadorxs de la administración no deben ser “privilegiados” frente al resto de los asalariados en la CAV, donde sigue aumentando la precariedad y el número de personas trabajadoras que no llegan a fin de mes por lo que debilita la justicia y la cohesión social.

Las desgravaciones fiscales a las aportaciones a los Planes Privados de Pensiones, restan ingresos al sistema público y constituyen un atentado al sistema público, porque pretenden justificar la rebaja de las prestaciones. Y solamente son accesibles para las personas que tienen rentas altas.

En el caso que nos ocupa, tanto Itzarri como Elkarkidetza (Administración local) es un ejemplo de “un mal uso de los dineros públicos” donde teóricamente “lo público es de todos” y se oculta lo importante: “pero no es para todos”.

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