Nekane Jurado: “El problema de las pensiones es de reparto de la riqueza” (Por Juanjo Basterra)

A juicio de la prestigiosa economista, “el debate de las pensiones es falso” y recurre a una cita de Hanna Arendt que indica que “los asuntos de la política son demasiados serios para que se los dejemos a los políticos.

Para Jurado, “derechos socio-económicos y Estado del Bienestar son dos conceptos que se han ligado, pero cabe diferenciar, ya que el Estado del Bienestar es el resultado de las fuertes luchas de clase que posibilitaron el desarrollo de los derechos socio-económicos. Un sistema de pensiones, sea de reparto o de capitalización, es un mecanismo para transferir la renta desde las clases activas (trabajo y capital) a las clases pasivas. El problema, por tanto, reside en si disponemos o no de la renta suficiente para ser transferida”.

Para ella, “es un error presentar el problema como un conflicto entre generaciones, cuando es un claro problema de reparto de la riqueza generada: con un crecimiento económico superior a cero, y con una población casi análoga, tenemos una tarta mayor para repartir entre el mismo número de personas. O sea, cuando la riqueza crece más que la demografía ¿cuál es el problema?, ¿el de mayor individualismo con una menor solidaridad? o ¿la ruptura (por parte del capital) del pacto social que hizo posible el desarrollo del sistema de pensiones?”

La tarta de la riqueza se ha duplicado

Insiste, en este caso, que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa “la tarta de la riqueza a repartir ha duplicado su tamaño, en los últimos 20 años, mientras la sociedad se hunde en una profunda crisis demográfica. Esto indica, como estamos remarcando que estamos no frente a un problema de financiación de pensiones, sino frente a un problema más grave, el de ruptura del sistema consensuado de reparto de riqueza, sostén clave de la Seguridad Social”.

Nekane Jurado explica que “la visión economicista de la política ha roto el consenso generacional que desde 1945 había prevalecido en Europa”, pero insiste que “tampoco es un conflicto generacional entre activos y pasivos. Se afirma que el esfuerzo de solidaridad que se les está pidiendo a los activos es superior a cualquier época anterior. Pero la solidaridad de los que trabajan no se da solamente porque sus cotizaciones sirvan para pagar a las personas pensionistas, sino también a las desempleadas, a las niñas y jóvenes, es decir a todas las que sin haber llegado a la edad de jubilación no están realizando una actividad económica remunerada. Por tanto el ratio concreto de análisis no es activos / pasivos pensionistas, sino activos/ población “no activa” total”

Para la economista, “tampoco es un problema económico: es un problema político. Un desarrollo sostenible -como explica- no se puede dar sin cohesión social, por lo que llevar el bienestar social a términos puramente economicistas de empresa privada hace que los economistas quieran convencernos de que solo existen salidas al dilema, obligándonos a decidir entre: mantener el gasto en pensiones y aumentar las aportaciones de la población ocupada y de los empresarios o mantener las aportaciones actuales y disminuir las pensiones”. Jurado explica que “podemos salir de este falso debate y añadir nuevas opciones sociales como podría ser la de crear mecanismos de redistribución de rentas a través del sistema presupuestario y fiscal”.

Admite, en este caso, que elección, “evidentemente, no compete a los economistas, sino al conjunto de la sociedad, que debe expresar sus preferencias a través de verdaderos canales democráticos de los que todavía no se ha dotado la sociedad civil”.

Utilizar el PIB, no el IPC

A la vista de esta situación comprometida para los y las pensionistas actuales y futuras, Nekane Jurado explica que hay que “poner el debate en el centro político” y para ello, “son necesarias unas acciones de urgencia”. Plantea que “hay que romper con los términos del discurso, haciendo frente a la profunda crisis ideológica. El nivel de riqueza -insiste- viene marcado por el PIB, no por el IPC. Para repartir la riqueza el indicador válido es el PIB, no el IPC, por lo que no se trata de reivindicar subidas iguales al IPC, sino de subir en función del crecimiento económico real, y esto es subir el mismo nivel que lo haga el PIB”.

Una puntualización que hace en su análisis es que “al hablar de activos se hace solamente referencia a activos cotizantes, cuando la realidad económica se enraíza en un nivel de economía sumergida nada despreciable (superior al 30%), con personas ocupadas y consideradas falsamente ‘pasivas’, por las que sus empleadores no cotizan. Y lo más crucial ¿por qué la sanidad o la educación la pagamos entre todos y la protección al desempleo o a la tercera edad no? ¿Por qué existen unos Presupuestos Generales que se nutren de todos los impuestos y un solo presupuesto, el de la Seguridad Social, apartado de estos por los que pagamos solo los trabajadores? “.

Esa realidad que, evidentemente, interfiere en la existencia de fondos y futuro de las pensiones y del propio estado de bienestar, le llevan a pedir que “hay que denunciar y reclamar los fondos expoliados de la Seguridad Social. Desde 2012 el 97,4% de los gastos de los Fondos de Reserva de las pensiones se ha utilizado para la compra de Deuda Soberana del Estado, un expolio de los ahorros de los trabajadores denunciado por la prensa extranjera ( The Wall Street Journal o Deutsche Wirtschafts) y totalmente silenciado en España, sin embargo”.

Añade que “las reconversiones Industriales y los ajustes de millones de trabajadores en la industria han supuesto un elevadísimo coste en planes de despido, regulación y jubilaciones anticipadas que no se han financiado con los Presupuestos Generales del Estado, con cargo al Ministerio de Industria o al de Trabajo, por ejemplo, que son los que han recibido las subvenciones europeas para dichos planes, por el contrario estos ministerios han absorbido los fondos y han pagado con la Caja de la Seguridad Social, siendo solamente la aportación de los trabajadores la que ha pagado ‘la reestructuración y las medidas para la competitividad de las empresas”.

Pone otro ejemplo: “las prestaciones asistenciales por desempleo y las políticas activas se financian con cotizaciones de la Seguridad Social y no con impuestos generales. La jubilación anticipada de cientos de miles de agricultores; aquí cabe señalar la política clientelista del PSOE muy extendida en ciertas Comunidades Autónomas, realizada exclusivamente con fondos de la propia Seguridad Social del Régimen General, y no con la Caja especial del Régimen Agrario. O “la incorporación de colectivos que estaban fuera de la Seguridad Social (Telefónica, ONCE, Iberia…). Estos colectivos tenían un Fondo de Pensiones Privado de Empresa y con la privatización de las empresas estos Fondos de Pensiones ‘quebraron’ o ‘se volatilizaron’, sin investigación y sin responsabilidades y la solución fue la inclusión de todos ellos en la Seguridad Social, computando el tiempo cotizado al Fondo de Pensiones, cuyo dinero ni se transfirió a la Seguridad Social, ni lo recuperaron los trabajadores. Por esta misma senda está caminando actualmente Lagunaro, mutualidad de los cooperativistas del grupo Mondragón”, precisa la economista.

Privilegiados

Nekane Jurado insiste en que “se habla de crisis en la Seguridad Social por falta de equilibrio entre cotizaciones y prestaciones y muy interesadamente se olvidan los grandes grupos que casi sin cotización cobran y cobrarán pensiones millonarias, entre los que podemos citar en Euskadi por la Ley de Gobierno (1981) se otorgó pensión vitalicia al Lehendakari, Consejeros, Viceconsejeros y asimilados, con solo 2 años de servicio, de un 50% de un cargo análogo en activo, pensión transferible integra a sus viudas, estuvo en vigor hasta 2012, ahora solo se aplica al Lehendakari. Pero en sus 31 años de vigencia son cientos los políticos vascos que han generado este derecho y lo están cobrando y cobrarán cuando lleguen a la edad. Una ley análoga ha estado en vigor hasta 2016, concediendo este derecho a Senadores y Parlamentarios (centrales y autonómicos) con una legislatura completa, más un día. Siendo miles de políticos que han generado el derecho. Otro colectivo especial son las “Clases Pasivas del Estado” (ministerios de Defensa e Interior), los que con muy pocos años de servicios se garantizan las pensiones máximas, incluso con menos de 40 años de edad han pasado a la llamada ‘reserva activa’ cobrando ‘pensiones’ equivalentes al 95% de su sueldo en activo y que son totalmente compatibles con cualquier otro trabajo remunerado fuera de la Administración (Ley de Narcis Serra). Los Presupuestos Generales del Estado cuentan desde al menos 2006 con un programa específico (Programa 212-O para atender al ‘personal de reserva’, y desde este año hasta 2016 se habían pagado a este grupo 6.382,82 millones”.

Por lo que establece una serie de conclusiones que van desde “reintegra el Presupuesto de la Seguridad Social dentro de los Presupuestos Generales. Porque hay que eliminar el presupuesto separado de la Seguridad Social con el fin de acabar con el expolio de sus fondos y dejar de financiar gastos que no le corresponden”.

A su juicio, “la Protección Social corresponde a toda la sociedad, no solamente a los ‘usuarios’ de la misma, En 1992 la Sanidad vivió este proceso, universalizándose traspasando sus fondos del presupuesto de la Seguridad Social, en la que también estaban incluidos, a los Presupuestos Generales”.

Distribución de la renta con sistema fiscal justo

Y termina indicando que solo “la distribución de la renta lo garantiza un sistema fiscal justo. No se trata solamente de eliminar el fraude fiscal superior al 20% del PIB, ni hacer verdaderamente contributivas las rentas de Sociedades o de Capital”, sino que entiende que “en la época de la robotización, de la financiarización de la economía, del gran movimiento de capitales o del expolio medioambiental, hay que actualizar profundamente las figuras impositivas como: Impuesto a la robotización; Impuesto a las transacciones financieras y al movimiento internacional del capital (Tasa Tobin); y un Impuesto Ecológico a las empresas degradadoras del medio ambiente (eléctricas, centrales de ciclo combinado, contaminadoras del agua, extractoras…)”.

Cierra su intervención indicando una frase de Séneca S. I. “no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”.

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