La exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población y en la CAV un 15,2%

Según el VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, en el País Vasco presenta un porcentaje del 6,4% de exclusión moderada y un 8,8% severa (15,2%), siendo la cuarta Comunidad Autónoma con menor porcentaje, tras La Rioja (11,3%), Cantabria (11,8%) y Asturias (14,4%).

Siendo la exclusión social más elevada en Canarias (29%), Extremadura (23,2%), Baleares (21,5%), Comunidad Valenciana (20,3%), Catalunya (19,3%), Andalucía (18,6%) y Murcia (18,5%).

Esto supone que a pesar de la recuperación hay 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis). Son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”.

Son ya 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos.

Existe un grupo de expulsados, que suman 1,8 millones de personas (600.000 en 2007), que acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que exigirían de una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles su acceso a una vida mínimamente digna.

En el VIII Informe FOESSA se identifican tres bloques principales de riesgos sociales, que afectan con más fuerza a la sociedad insegura y a la sociedad estancada.

  1. La pérdida de calidad de nuestra democracia.

Las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión social.

  1. La desigualdad en sus diferentes dimensiones.

En primer lugar, la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social (En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%) .El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes (Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda)

En segundo lugar, el desempleo. La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho (El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social y Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días).

En tercer lugar, las familias con niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social.

En cuarto lugar, las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la exclusión social.Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más.

Por último, están los riesgos frente a la salud. La exclusión social y no la pobreza monetaria tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. El 30% de ellas se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas sin discapacidad.

  1. Los riesgos sociales derivados de los fenómenos demográficos

En España, a fecha de hoy, la familia, y especialmente las mujeres, es el eje del que se sostienen los cuidados y la sostenibilidad de la vida: 1 de cada 3 hogares necesita cuidados bien por crianza, por edad avanzada, por dependencia o por enfermedad.

La evolución de las políticas sociales

El Informe analiza también los recortes que han sufrido los servicios públicos fundamentales en los últimos años (educación, sanidad, dependencia). Las desigualdades han ido en aumento en el caso de la sanidad, donde, por ejemplo, en 2019 no se ha recuperado todavía el nivel de gasto sanitario de los recortes iniciados hace diez años.

En el caso de la educación, cabe destacar también el aumento de la ratio de alumnado y la carga electiva para el profesorado o las dificultades para la obtención de una beca. En la dependencia la rama de los servicios sociales ha sufrido la presión de una creciente demanda social con recursos menguantes, deficiencias críticas y amplias desigualdades territoriales en su oferta.

Ver resumen del informe en: https://www.foessa.es/viii-informe/

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