BIZI MARTXA contra la pobreza y desigualdad: 21 de octubre, 11:30 desde la plaza del Arriaga de Bilbao

Os invitamos a participar en la Bici marcha reivindicativa contra la pobreza y la desigualdad en Bilbao

21 de octubre, 11:30

Recorrido: Plaza Arriaga, Museo Marítimo, Plaza Arriaga

A su término se hará la lectura del manifiesto enmarcado en el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza

¡Anímate y participa!

Antolatzaileak/Organizan: Coordinadora ONGD Euskadi, Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi (REAS) y EAPN

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El Ayuntamiento intenta implantar la “Ley Mordaza” en Barakaldo

El anterior equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo decidió emprender acciones judiciales -y presentar una denuncia contra diferentes miembros del colectivo “Berri-Otxoak”– a cuenta de las diferentes campañas públicas desarrolladlas en denuncia del abultado sueldo que perciben el Alcalde del municipio, el Concejal de Acción Social o los corporativos que rigen el consistorio.

Este jueves, y en concentración ante el edificio consistorial, varias personas asistirán a esta iniciativa con una mordaza. Mientras se presenta la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaiadonde se desestima la denuncia contra la “Plataforma contra la Exclusión y Por los Derechos Sociales, Berri-Otxoak.

Antecedentes de hecho

En representación del exAlcalde Alfonso García (actual director de empleo de la Diputación de Bizkaia; por lo que percibe 87.235 euros; a sumar 6.000 euros por “antigüedad”); y en nombre de la totalidad de concejales liberados del pasado equipo de gobierno. Se presentó denuncia contra Berri-Otxoak ante las instancias judiciales del Palacio de Justicia de Barakaldo.

A raíz de esta actuación se citó a declarar en el juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo a varias personas de la “Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales, Berri-Otxoak”. Por comisión de un posible delito penal de injurias. Imputación mantenida por la actual corporación.

Intentan imponer en Barakaldo la “Ley Mordaza”

Esta querella se presentó en el mismo momento que se aprobó la “Ley Mordaza” en el Congreso de los Diputados. Sin esperar un minuto, el anterior equipo de gobierno fabril decidió intentar silenciar a las asociaciones que denuncian las consecuencias de las políticas de recortes en la localidad.

Sin embargo, frente a las actuaciones judiciales contra Berri-Otxoak “el juez instructor opta por el sobreseimiento, decisión que apoya el Ministerio Fiscal y con la que el Tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia está de acuerdo pues nada autoriza a dirigir el procedimiento contra ningún miembro ni contra otra u otras personas individualizadas sobre las que puedan existir indicios racionales de su participación en hechos punibles relacionados con la querella”.

Tras esta demanda judicial se esconde el intento de disuadir de realizar denuncias públicas sobre el desorbitado coste a las arcas públicas del salario de Acalde de Barakaldo y corporativos liberados: 88.217 para la actual alcaldesa Amaia del Campo (74.307,38 salario base; 13.909,45 euros cotización Seguridad Social); y 79.877,87 concejales liberados (65.968,42 sueldo base; y 13.909,45 de cotización).

Suma y sigue

Mientras se aplican políticas de recortes se mantienen los astronómicos sueldos de los políticos del consistorio. El pacto presupuestario alcanzado entre los partidos PNV y PSE ha supuesto ampliar la nómina de políticos liberados del equipo de gobierno. Las retribuciones de Alcaldesa, corporativos, cargos liberados y asesores municipales de ambos partidos suponen cerca de 1’5 millones de euros al año.

Pero el presupuesto destinado a las ayudas de emergencia lleva congelado 5 años: 960.000 euros a repartir entre 1.200 familias del municipio.

Se mantienen las políticas de recortes sociales

Además, este año el gobierno municipal ha decidido suprimir el “Servicio de Urgencias Sociales”. Además, de reducir la cuantía a percibir por las familias para hacer frente a sus carencias: un tercio para alquileres; un 9% para hipotecas; un 17% para gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza; un 10% para necesidades básicas como alimentación, vestuario y educación.

BERRI-OTXOAK

(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=L_4-LBdwGdA&feature=youtu.be

 

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No a la represión al pueblo catalán por querer ejercer el derecho al voto. Exigimos la retirada inmediata de los cuerpos represivos

Consideramos intolerable y no justificada la escalada represiva que hoy está viviendo la ciudadanía de Catalunya con el despliegue de los cuerpos represivos del Estado, la ocupación de los colegios electorales, la incautación de urnas y papeletas, el apagón informático y la disolución de protestas pacíficas con centenares de heridos, por intentar pacíficamente ejercer el derecho al voto.

Consideramos que estos acontecimientos son propios de una dictadura, ponen en peligro la convivencia ya que no se están respetando los derechos democráticos fundamentales y las libertades básicas, ya que nada justifica esta desmedida agresión a una población pacífica que está defendiendo ejemplarmente el derecho a votar independientemente de la posición que se tenga sobre la soberanía de este territorio.

El m15m Bizkaia  se solidariza  con el pueblo de Catalunya, manifestamos nuestro compromiso con la defensa activa de la libertad y condenamos  la actuación violenta contra pacíficos ciudadanos, la suspensión general de derechos civiles. Exigimos la inmediata retirada de cuerpos policiales y militares en las calles, colegios, instituciones y puestos de trabajo.

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IV Bizikleta Martxa-Marcha en Bicicleta: sábado 30 de Septiembre, 11:00 h. desde Gran Vía,30 de Bilbao

El próximo día 30 de septiembre llevaremos a cabo la IV Martxa “Bilbotik Itsasora”, será una marcha reivindicativa y festiva.

Reivindicativa porque queremos que se realice cuanto antes este Bidegorri tal y como nos prometieron desde la Diputación Foral en el Plan Ciclable 2003-16, lo consideraban un eje fundamental para el desarrollo de la movilidad sostenible en el Gran Bilbao y seguimos sin que se haya materializado.

Festiva porque cada vez somos más los que saldremos de forma relajada, alegres, con nuestros amigos y familiares, también porque cada vez son más los partidos políticos que están pidiendo en todas las Instituciones, que el partido mayoritario lidere este proyecto y dejen de hablar de colaboración Interinstitucional y se pongan manos a la obra.

                 Os animamos a difundir la convocatoria y a venir a pasar una mañana inolvidable.!!!

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CONCENTRACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EN DONOSTIA, PARA PRESENTAR ALEGACIONES AL PROYECTO DE DECRETO SOBRE DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA

La plataforma KALERATZEAK STOP DESAHUICIOS con esta concentración ha denunciado que se está vaciando de contenido la Ley de Vivienda vasca, ya que se pretende sustituir el derecho subjetivo a una vivienda por una prestación de 250 euros. La plataforma ha presentado sus propuestas al PROYECTO DE DECRETO presentado por el CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA.

El plazo de Audiencia Pública era hasta el 29 de septiembre y el GV ha extendido este plazo, a petición nuestra, hasta el 8 de octubre, que consideramos insuficiente para garantizar la participación ciudadana.

En pleno mes de agosto el DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GV hizo público el PROYECTO DE DECRETO SOBRE EL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA Y LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA (PEV), que sustituirá a la actual PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA (PCV), que perciben actualmente 27.000 personas en la CAV.

En julio el Gobierno Vasco envió 3.410 cartas a familias diciéndoles que podían acceder a una vivienda, y cuando han hecho la solicitud les han contestado que no tienen viviendas. Buena parte de esas familias ya estaban percibiendo la PCV, asociada a la RGI, y a las demás ni siquiera les darán prestación porque no hay viviendas de alquiler asequible.

Este DECRETO, que lleva ya un retraso de dos años, debe establecer los requisitos para acceder al derecho subjetivo a una vivienda, previsto en la LEY DE VIVIENDA vasca y definir la nueva prestación económica de vivienda.

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David Rincón en libertad tras ser juzgado ayer en Hamburgo

David Rincón ha sido condenado a un año y medio de prisión, pena que ha sido sustituida por la de 3 años de libertad condicional. En juicio desarrollado en Hamburgo ayer, David fue acusado de atentado a la autoridad y se enfrentaba según la legislación alemana a una pena de 6 meses a 6 años.

La acusación fiscal finalmente pidió a David la pena de 18 meses de prisión y 3.000 euros de multa, en base a una pruebas de vídeo donde la policía aseguraba que en este vídeo se veía a David lanzando una botella contra la policía, en uno de los incidentes durante las movilizaciones contra la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20.

David no ha reconocido ser la persona que se mostraba en este vídeo, vídeo que no fue mostrado a las personas presentes en la sala del juicio entre los que se encontraban sus familiares detrás de un cristal blindado. La acusación además presentó como testigo a un policía que decía identificar a David como la persona que efectuaba el lanzamiento de la botella.

Al final según el abogado de David fue la palabra de este policía contra la palabra de David. Tras dos horas de juicio al final ha prevalecido la palabra del policía y la sentencia fue la misma de la acusación fiscal quitándose la multa de 3000 euros, pena que podía ser sustituida por 3 años de libertad condicional.

Según su familia David se encuentra bien, nervioso y bastante delgado. Hoy a la tarde saldrán de Hamburgo, con escala en París y llegará a Bilbao esta noche, tras pasar 2 meses y 19 días de pesadilla en las cárceles alemanas.

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El ‘TTIP canadiense’: un regalo único para las corporaciones transnacionales

Por Francesca Ricciardi, Lucía Bárcena y Tom Kucharz
Miembros de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No a TTIP, CETA y TiSA.

El 21 de septiembre se ha empezado a aplicar de manera provisional el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), un regalo a las élites económicas y financieras que se ha chocado con movilizaciones y una oposición política sin precedentes en este tema político.

Lo primero que debemos señalar es que sólo 4 parlamentos de los 28 Estados miembros de la UE han ratificado el acuerdo. Sin embargo el CETA sólo entrará en vigor plenamente cuando todos los parlamentos de la UE lo hayan ratificado. Y estamos muy lejos de eso. A pesar de ello, se aplica provisionalmente la mayor parte del acuerdo, como las secciones sobre la eliminación de aranceles de bienes, el capítulo de servicios y contra­tación pública, así como la cooperación en materia de reglamentación.

Con la aplicación provisional se pueden importar productos de carne (vacuno y cerdo) canadiense con productos tóxicos y prohibidos en la UE (tales como hormonas o ractopamina) o salmón transgénico debido a la falta de controles y procedimientos de certificación de la carne y pescado canadiense a su llegada a los puestos de inspección fronterizos europeos. Con el sólo control de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Canadá no hay garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suminis­trados, la absoluta falta de trazabilidad y del etiquetado de los productos que contengan organismos modificados genéticamente (OMG), así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados y utilizados.

Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas en la UE y que los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE.

Las importaciones de carne es un aspecto que preocupa a la ganadería familiar europea porque los costes de producción son menores en Canadá. Esto podría agravar la guerra de precios. Con la reducción de aranceles en CETA (por ejemplo el 87% en comida procesada) se reducirán aún más los precios para la mala alimentación lo que incrementará los riesgos para la salud.

¿Cuáles son las consecuencias del capítulo sobre la cooperación reguladora?

Este capítulo tendrá impactos muy negativos a largo plazo retrasando o compli­cando la regulación de parlamentos y gobiernos porque habrá más mecanismos de bloqueo frente a nuevas regulaciones por parte del gobierno canadiense y las asociaciones empresa­riales.

Lo hemos visto con el reglamento para prohibir los contaminadores hormonales (disruptores endocrinos) y la regulación de tóxicos en la UE (REACH). La presión de Canadá, los Estados Unidos, con su labor de lobby en Bruselas, y de las corporaciones transnacionales que emplean estos tóxicos en sus productos, ha conseguido retrasar la regulación de los disruptores endocrinos casi 4 años. Los disruptores endocrinos alteran el sistema hormonal y por esta alteración se pueden producir enfermedades como cáncer y problemas metabólicos (obesidad y diabetes). Su coste sanitario en la UE se estima en un mínimo de 160.000 millones de euros al año.

A partir del 21 de septiembre no está garantizada la transparencia respecto al trabajo de los órganos de cooperación reguladora. Nos preocupa que empezarán a funcio­nar los distintos comités de la cooperación en materia de reglamentación sin estar obli­ga­dos a publicar ex-ante la agenda, los informes de actividades ni las conclusiones, así como los dictámenes y posiciones de las distintas autoridades sobre los proyectos de regula­ciones que serán afectadas por el CETA.

Estos comités buscan principalmente aumentar los intercambios económicos y no a reforzar las normas de protección de la salud, los trabajadores y el medio ambiente. Los mecanismos de diálogo previstos cortocircuitan los procesos democráticos parlamentarios y, en esta etapa, no puede descartarse un riesgo de interferencia de intereses privados en el proceso de toma de decisiones.

El problema es que muchos de los efectos de la cooperación reguladora serán difíciles de entender. Se trata de la presión a puerta cerrada sobre los funcionarios que preparan o cambian leyes, que nunca seremos capaces de detectar o demostrar en caso de duda. Será fundamental el control parlamentario de cómo se utilizará este capítulo.

Esto significa aumentar el control sobre los grupos de presión empresariales. Debemos estar vigilantes y reaccionar ante cualquier denuncia de diputados y funcionarios cuando las autoridades son presionadas por medios del CETA. Y necesitamos que los funcionarios hagan pública esta presión.

El CETA permite el sector bancario y financiero ampliar la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE. Y en vez de prohibir transacciones especulativos, CETA se ajustará constantemente sobre la base de la evolución de ambos mercados. Un paso para dar más derechos a los bancos y especula­dores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estalli­dos de burbujas especulativos como la inmobiliaria en España.

Con la aplicación provisional se liberaliza también el sector energético lo que profundizará la crisis climática. Canadá exportará más productos derivados de la extrac­ción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas lo que aumenta la demanda del petróleo no convencional y la explotación de los combustibles fósiles. Es vergonzoso como el propio Gobierno de Canadá publicita en su página web las “oportuni­dades y beneficios del CETA para los exportadores de petróleo y gas de Canadá” al caer los aran­celes para las arenas bituminosas del 2.2% al 0%.

En España, no se ha creado todavía ninguna comisión encargada de supervisar la aplicación provisional del CETA, al que se le podría pedir que evaluara el impacto sani­tario y medioambiental y que supervisara cuestiones delicadas como las nuevas técnicas de obtención de variedades modificadas genéticamente, así como la evolución de las regula­ciones sobre productos fitosanitarios (por ejemplo, la clasificación y la prevención por los disruptores endocrinos).

La protección de los inversores en CETA es uno de los capítulos más peligrosos de este acuerdo

El litigio de arbitraje en CETA será mucho más fácil que en otros tratados como por ejemplo el NAFTA, el acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México que se está re-negociando actualmente. CETA es el primer tratado en el mundo que proteger explícitamente las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato justo y equitativo”. Si este capítulo entrara en vigor, se podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Esto daría a los inversores un instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas.

Justo antes de la firma del CETA hace un año, la Unión Europea y Canadá han intentado desviar el debate de fondo sobre la incompatibilidad de los tribunales de arbi­traje y el Estado de Derecho con explicaciones muy engañosas. Han firmado declaraciones interpretativas, sin cambiar el contenido del capitulo. Pero es triste que esta ofensiva de maquillaje y propaganda haya conseguido atrapar una parte de los medios y partidos políticos.

Sin analizar que el CETA podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas lo que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos y parlamentos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.

Bélgica ha recurrido el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Hay abogados que consideran probable que el Tribunal de Justicia Europeo decidirá que la protección del inversor en CETA no es compatible con la legislación de la UE. El tribunal europeo podría argumentar que sólo los tribunales europeos son respon­sables de la interpretación de la legislación europea y no un tribunal internacional de arbitraje. Pero hay, por supuesto, abogados que lo ven de otra manera. El proceso de análisis por parte del TJUE por sí sola es una pequeña victoria del movimiento contra el CETA y podría prolongar el proceso de ratificación. Algunos parlamentos querrán esperar al dictamen del tribunal antes de votar el tratado si existen preocupaciones acerca de la legalidad del CETA.

¿Y qué sucede si un país no ratifica el CETA?

Si un país dice que No, la ratificación ha fracasado y el tratado no será jurídica­mente vinculante. También existe la hipótesis de que algunos países jamás lleven el tratado a la ratificación por miedo de perder la votación. Eso significaría que la mayor parte del CETA estaría aplicándose por la vía de los hechos, pero no legítima ni democrá­ticamente. Y sin la plena ratificación y entrada en vigor del CETA, el capítulo de la protección de la inversión nunca viera luz. Esto, también, sería una victoria para el movi­miento de resistencia contra las políticas neoliberales de la UE y del Gobierno español.

No obstante, las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA confíamos en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenar un día el CETA y poner en marcha políticas comerciales alternativas que pongan en el centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la igualdad de género, los derechos laborales y la justicia social y ambiental.

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Cerca de 500 de personas exigen la libertad del bilbaíno David Rincón detenido en Hamburgo en la movilizaciones contra la cumbre del G20

Convocada por la Plataforma Herriok Erabaki del barrio de San Ignacio y varios colectivos, hoy ha tenido lugar esta manifestación que ha partido desde la plaza del Arriaga, finalizando en la plaza de Unamuno, donde se ha leído un comunicado, tras pasar por la plaza Biribila y el Ayuntamiento para exigir la libertad del activista y vecino del barrio, David Rincón, que será juzgado en la ciudad alemana de Hamburgo, el próximo lunes día 25 de Septiembre.

Las personas que han acudido a esta manifestación de solidaridad con David, en un ambiente animado por “ORCRESTA” del barrio de Santutxu, han coreado; “David eta Besteak Askatu”. A la misma han asistido la madre y el padre de David, que mañana se trasladaran a Hamburgo para asistir al juicio, así como muchos de sus familiares y amistades.

Desde que David fue detenido el 6 de Julio, ha estado en prisión y se han realizado varias concentraciones y manifestaciones, tanto en barrio de San Ignacio como en Bilbao, una de ellas frente a la embajada de Alemania para exigir además la libertad de todas las personas detenidas en las movilizaciones contra la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20.

El lunes David, el día después de las elecciones generales de Alemania, se enfrenta a la acusación de atentar contra la autoridad, en base a los informes policiales y la pena reclamada por este delito es de seis meses a seis años de cárcel, según la legislación alemana. David, es uno más de las 28 personas procedentes de diversos países de Europa que aún siguen en prisión de las cientos que fueron detenidas en estas movilizaciones.

Las personas detenidas de nacionalidad alemana fueron puestas en libertad.  La fiscalía ha impedido cualquier solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario aludiendo al peligro de fuga, vulnerando el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación por motivos de origen.

El G20 se reunió en Hamburgo y miles de personas protestaron ante los Jefes de Estado y de Gobierno de las principales potencias capitalistas, por la inhumanidad de las guerras de rapiña sostenidas por estos estados y la explotación y expoliación de las naciones pobres, que está provocando el desplazamiento de millones de personas que son abandonadas en las fronteras y no son reconocidos los derechos de asilo contenidos en los tratados internacionales.

Estos procesos se están convirtiendo en castigos ejemplares ya que el gobierno alemán y el poder judicial quieren dar un escarmiento a estas personas para que en el futuro se lo piensen las que quieran protestar en Alemania. La mayor parte de éstos, de hecho, no hicieron nada grave, algo que en condiciones normales serían juzgados con una sentencia de libertad.

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El CETA entra en vigor mañana pese a los graves riesgos para la ciudadanía

El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos regionales y nacionales europeos.

Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitario.

El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto social y económicos válidos.

La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones multimillonarias.

En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA sobre los derechos laborales la salud, el clima y la alimentación. También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales adversos, tales como:

  • En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.
  • En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’ de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por contaminación atmosférica.
  • Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a organismos genéticamente modificados (transgénicos), engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
  • Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo la salud pública.
  • El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados fracasados, así como la lucha contra la corrupción.
  • El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en España.

La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.

La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria

 

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Manifestación por la libertad de David Rincón: Viernes 22 de Septiembre, 19:30 h. en la plaza del Arriaga de Bilbao

El joven David Rincón de San Ignacio-Bilbao, será juzgado el próximo lunes día 25 en la ciudad alemana de Hamburgo.  Fue detenido el 6 de julio a raíz de las movilizaciones contra la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20. Desde entonces ha estado en prisión. La Fiscalía le acusa de atentado contra la autoridad en base a los informes policiales y la pena reclamada por este delito es de seis meses a seis años de cárcel, según la legislación alemana.

Decenas de personas fueron detenidas en las distintas movilizaciones. Las personas detenidas de nacionalidad alemana fueron puestas en libertad.  La fiscalía ha impedido cualquier solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario aludiendo al peligro de fuga, vulnerando el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación por motivos de origen. En actualidad siguen detenidas 28 personas procedentes de Italia, España, República Checa, Rusia, Países Bajos, Grecia y Francia, enfrentándose a los mismos cargos o incluso a acusaciones más serias.

Las tres personas que ya han sido juzgadas en el contexto de la cumbre del G20, por desórdenes públicos y  ataque a la autoridad, han sido sancionados entre seis meses y  31 meses y dos fueron puestas en libertad condicional. La detención de David Rincón como en otros casos se produjo fuera de las manifestaciones de protesta, mientras cenaba con unas personas en una cafetería y no en los disturbios que se produjeron en las manifestaciones contra el G20, según  diferentes medios de comunicación han querido hacer ver.

Estos procesos se están convirtiendo en castigos  ejemplares ya que el gobierno alemán y el poder judicial quieren dar un escarmiento a estas personas para que en el futuro se lo piensen las que quieran protestar en Alemania. La mayor parte de éstos, de hecho, no hicieron nada grave, algo que en condiciones normales serían juzgados con una sentencia de libertad.

El G20 se reunió en Hamburgo y miles de personas protestaron ante los Jefes de Estado y de Gobierno de las principales potencias capitalistas, por la inhumanidad de las guerras de rapiña sostenidas por estos, la explotación y expoliación de las naciones pobres que está provocando el desplazamiento de millones de personas que son abandonadas en las fronteras y no son reconocidos los derechos de asilo contenidos en los tratados internacionales.

Es por lo que debemos apoyar y solidarizarnos con estas personas detenidas y encarceladas, acudiendo a esta manifestación y exigiendo la inmediata puesta en libertad de David Rincón y de todas las personas detenidas en esta lucha.

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