Acción ante la sociedad pública de alquiler de vivienda protegida

La LEY DE VIVIENDA VASCA, aprobada en junio de 2015, se está incumpliendo, y retrasando injustificada-mente su desarrollo. El parque de viviendas de gestión pública está estancado. Se demora el tomar medidas para que miles de viviendas deshabitadas cumplan la función social prevista en la ley.

No se toman medidas contra la burbuja especulativa de alquileres. El G.V. comparece públicamente, una y otra vez, ANUNCIANDO INTENCIONES que no se cumplen, y que no sirven para responder a la actual emergencia habitacional.

Como resultado, se han disparado los precios de alquiler, 1.096 euros de media en la CAV el año pasado, y han proliferado los pisos turísticos. La dramática consecuencia es el aumento espectacular de los desahucios de alquiler, muchos de los cuales no pasan por el juzgado y no aparecen en las estadísticas.

Además, hay arrendadores que directamente exigen condiciones discriminatorias que excluyen a colectivos vulnerables, y prolifera el alquiler de habitaciones, sobre todo de familias monoparentales, sin contrato ni derecho a empadronamiento. Actualmente, más de un 40% de los contratos de alquiler en el mercado privado son clandestinos.

Lo grave es que ni los ayuntamientos ni el GV cumplen esta obligación, con el argumento de que no tienen viviendas. Los pisos de acogida de los ayuntamientos son insuficientes, y no responden a las necesidades de vivienda de urgencia, que son crecientes.

Los 60 pisos para emergencias que dice disponer el GV nunca están operativos, y convierten en papel mojado la asignación directa prevista legalmente. No podemos seguir esperando, como propone el GV, porque no tenemos tiempo, porque está en juego la vida de familias vulnerables, que tienen derecho a una vivienda adecuada y asequible.

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(Vídeo)Las contradicciones de Pablo Iglesias a largo de su trayectoria política (Por Máximo Relti / Canarias Semanal)

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Concentración en Alokabide por una vivienda digna y contra los desahucios

El jueves día 2 de Mayo a las 10:00 h. en Alokabide. Calle San Vicente 8, bajo (entrada por Uribitarte; calle Isleta).

Esta Iniciativa surge con el ánimo de exigir el derecho a una vivienda digna ante el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones municipales. Además, de mostrar nuestro apoyo a la acampada que está desarrollando María José Porrino, con una niña de 12 años y en tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama, la cual cumple más de 2 semanas acampando ante el consistorio en demanda de una vivienda digna.

Se pretende denunciar que se está incumpliendo de forma sistemática el convenio de colaboración firmado por jueces y ayuntamientos en relación con los desahucios: los jueces deben comunicar de oficio a los servicios sociales municipales las demandas de desahucio y estos deben emitir el pertinente informe de vulnerabilidad y proporcionar una alternativa habitacional a través del Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide.

Lo grave es que ni los ayuntamientos ni el Gobierno Vasco cumplen esta obligación, con el argumento de que no tienen viviendas. Los pisos de acogida de los ayuntamientos son insuficientes, y no responden a las necesidades de vivienda con carácter de urgencia.

Cabe recordar, en este sentido, que las instituciones -y los partidos que las gestionan- están incumpliendo, además, las diferentes resoluciones internacionales en esta materia: desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Dictamen de la ONU de junio de 2017, por parte del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Por otro lado, los 60 pisos para emergencias que dice disponer el Gobierno Vasco nunca están accesibles; y se convierte en papel mojado la asignación con carácter de urgencia prevista legalmente.

En este contexto, la LEY DE VIVIENDA VASCA, aprobada en junio de 2015, se está infringiendo. El parque de viviendas de gestión pública está estancado. No se toman medidas contra la burbuja especulativa de alquileres.

Como resultado se han disparado los precios de alquiler, 1.096 euros de media en la CAV, y han proliferado los pisos turísticos. La dramática consecuencia es el aumento espectacular de los desahucios de alquiler.

Por este motivo, exigimos medidas urgentes e inmediatas para paralizar los desahucios, garantizar el derecho a una vivienda digna y la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional para todas las personas y familias afectadas por el desalojo de su vivienda habitual.

 

Publicado en 13O no debemos

El Movimiento de Pensionistas demanda un gobierno de izquierdas que se deje de promesas

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La “Juventud por el clima” denuncia el escaso protagonismo que el cambio climático está teniendo en la campaña electoral

En una manifestación que ayer se realizó en Bilbao desde la Plaza Moyua hasta la plaza del Arriaga, más de un centenar de jóvenes denunciaron el escaso tiempo que dedican los líderes políticos en esta campaña electoral al planteamiento de soluciones en la lucha contra el cambio climático.

Ni en los debates ni en las propuestas de los principales partidos apenas aparece el medio ambiente. Según Greenpeace se habla poco, y lo poco que se habla tiene poca consistencia. Este es un tema muy grave para el que hay que dejar de lado la simplificación y la demagogia. O hablan en serio o mejor que no engañen a la ciudadanía. Estamos ante el reto mayúsculo de hacer una transición justa en la que los débiles no paguen.

En el ámbito puramente práctico, desde Greenpeace lo tienen claro. “Una de las primeras medidas que tendría que tomar el próximo presidente del Gobierno en sus primeros 100 días de mandato debería ser la aprobación de una ley de cambio climático. Ya va siendo hora.

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Ocho años del 15M, ¿Que tenemos? (Artículo de opinión de Ana Pardo en Público)

Desde la crisis financiera de 2008 y sus daños sociales aún no revertidos (ni mucho menos), asistimos a una serie de cambios históricos que están empujando con extraordinaria lentitud y timidez el cambio en un sistema político e institucional muy resistente y blindado desde 1978, responsable en buena parte de problemas enquistados, como la corrupción de las administraciones públicas.

La falta de expectativas de la gente, particularmente de los jóvenes y más en concreto, de las mujeres; la precariedad y pobreza laboral, la agresividad del machismo a la defensiva, la desigualdad o los privilegios de todo tipo de un nutrido grupo de intocables… van mermando la confianza en una clase política que, de momento, más allá de llenar de diversidad y color el hemiciclo del Congreso y algunos gobiernos autonómicos y locales con nuevos partidos, no ha conseguido recortar el abismo entre precarios y privilegiados, que sigue agrandándose con poco espacio para los no precarios, sin más.

Estamos peor y podemos estar mucho peor en un momento en que los políticos constituyen la tercera preocupación de los españoles, según el CIS.

Se acerca el octavo aniversario del 15-M, el movimiento de los indignados que llenó de esperanza las calles, y en ellas, hoy, solo hay confusión, hastío, enfado, decepción y, sobre todo, una amenaza cumplida a la que España había logrado escapar hasta hace unos meses: un partido de ultraderecha en las instituciones.

¿Estamos peor? Estamos peor y podemos estar mucho peor, además, en un momento en que los políticos constituyen la tercera preocupación de los españoles, según el último CIS, y adelantados ya por la corrupción, que se dispara al segundo puesto de rechazo ciudadano. Los políticos que deben sacar a España de esta crisis institucional sin precedentes en 40 años no solo no nos ofrecen confianza, sino que nos generan inquietud.

Los dos debates celebrados entre los cuatro candidatos principales a la Presidencia del Gobierno (los cuatro hombres) a cuatro días de las elecciones generales, han retratado con bastante exactitud las opciones de Gobierno que nos esperan y que distan bastante de poder responder al cambio de fondo que requiere este país, su Constitución (cumplirla y reformarla), el corazón del Estado mismo,… para mejorar una democracia con demasiadas vías de agua abiertas, empezando por la Jefatura del Estado, siguiendo por el Poder Judicial y terminando por el poder católico, que todo nos empaña de oscuridad a las mujeres; y no solo a ellas.

Han pasado 40 años y parece que no ha llegado el momento aún de dar el impulso definitivo a este país.

El 29 de abril, pues, prepararemos el octavo cumpleaños del 15-M sabiendo ya:

a) Que la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) suma y volverá a gobernar, además, con un componente ultra y neofascista, escondido en el PP hasta ahora, pero hoy crecido, desacomplejado y dispuesto a devolvernos a un pasado en blanco y negro, sobre todo para las mujeres y todos aquellos ciudadanos que no cumplen con sus parámetros de “ciudadanos de bien”.

b) Que PSOE y Unidas Podemos no suman mayoría absoluta ni con el PNV y necesitan a los independentistas catalanes de los que Sánchez reniega. La maquinaria de los poderes fácticos (monárquico, económico y mediático, sobre todo) se pondrá entonces en marcha para lograr el que mal llaman “pacto de estabilidad y Estado” (de este Estado) y presionar hasta que Ciudadanos de un vuelco a su “no” a Sánchez “por responsabilidad” y apoye al PSOE para proteger a España de los nacionalistas. Si consiguen, además, que el PP se abstenga, habrán logrado el objetivo perseguido en 2015 con el fracasado pacto del abrazo entre Rivera y Sánchez. No parece difícil apelar a la responsabilidad nacionalista española del presidente de Ciudadanos para que impida un Gobierno de Sánchez, UP e independentistas (¿Qué importa Catalunya habiendo un 155?). Apenas hay dudas ya de que Rivera estará dispuesto a sacrificarse y pactar con Sánchez pese a su reiterada negativa en campaña.

El PSOE está convencido de poder recuperar el Estado de Bienestar y acabar con la desigualdad, sobre todo, con reformas  que no afecten a las estructuras del Estado ni provoquen el levantamiento en armas del poder económico.

c) Que el PSOE sume con Unidas Podemos y, si acaso, el PNV. Que se aleje de los cantos de sirena del poder circundante que lo llevan a Ciudadanos y que Sánchez conforme un Gobierno progresista destinado a restaurar por vía de urgencia la justicia social y los servicios públicos. En este sentido, el PSOE está convencido de poder recuperar el Estado de Bienestar y acabar con la desigualdad sangrante y creciente, sobre todo, con reformas escogidas y estudiadas que no afecten a las estructuras del Estado ni provoquen el levantamiento en armas del poder económico. Sin duda -lo hemos comprobado ya-, la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno supondrá la herramienta de presión para que esas reformas lleguen lo más al fondo del sistema posible, como ha ocurrido con la subida del salario mínimo. A ello ha apelado Iglesias durante toda la campaña, tirando la toalla sobre su victoria el 28-A, pero es difícil que los de Iglesias logren escarbar mucho más allá de la superficie en cuanto a la reforma laboral, por ejemplo. ¿Derogarla? Permítanme que lo dude.

A ocho años del 15-M, no hay posibilidad de que este Estado afronte ya y de una vez por todas la reforma profundísima que necesita para completarse como democracia. No ha llegado el momento de que un Gobierno se enfrente a los poderes postfranquistas y ponga boca arriba todas las cartas marcadas en la Transición para blindar las estructuras del privilegio y la desigualdad.

Han pasado 40 años y parece que no ha llegado el momento de dar el impulso definitivo a este país, pese al gran potencial que guarda para ser un referente de igualdad y derechos humanos en el mundo. Una pena.

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El Movimiento de pensionistas insiste en seguir movilizándose hasta conseguir lo sustancial de las reivindicaciones

El Movimiento de pensionistas denuncia que la pobreza tiene rostro de mujer, que  de las personas que reciben ayudas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el 75% son mujeres y de las más de 4.004 personas con pensión de viudedad que reciben el complemento de la RGI, 3605 son mujeres (el 90%) y 399 son hombres.

Así mismo se informa que durante el primer trimestre de este año, los ingresos de la seguridad social se han incrementado en un 6%, debido al aumento del salario mínimo interprofesional y por el destope del techo de cotización de los salarios más altos (7%).

Se afirma que si hubiera salarios dignos, contando con un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros mensuales, se destopara totalmente las cotizaciones de los salarios más altos y  se cotizaran por las más de 2.000 millones de horas extras que se realizan, no pagadas y cotizadas, abría un aumento considerable de ingresos a la caja de la seguridad social.

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Más de 20.000 personas piden el voto para los partidos que defiendan las reivindicaciones del movimiento de pensionistas

El 28 de abril se celebrarán las elecciones generales, en las cuáles las reivindicaciones y las  movilizaciones de las personas pensionistas va a ser uno de los puntos centrales de esta campaña ya que las personas pensionistas son más de 9 millones de personas.

Ningún partido político olvida la importancia del voto de las personas mayores. No van a faltar las palabras de halago hacia nuestro movimiento y nuestras reivindicaciones, pero la historia nos ha enseñado que las palabras se las lleva el viento una vez conseguido el sillón.

Por ello, El Movimiento de Pensionistas, queremos manifestar con más convicción y fuerza que nunca que vamos a seguir en nuestro empeño hasta conseguir nuestras demandas, que hagan que las personas pensionistas actuales y las del futuro podamos vivir con dignidad; y que se respeten todos los derechos conseguidos en nuestra época de empleo activo.

El Movimiento de pensionistas hace un llamamiento a todas las personas pensionistas y a la ciudadanía en general de las cuatro provincias de Hego Euskal Herria y de los pueblos del Estado para que acudan a las urnas y voten a los partidos que defiendan un sistema público que garantice unas pensiones dignas.

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Concentración en apoyo a la pensión de viudedad

Hoy en las inmediaciones de la oficina de Tesorería General de la Seguridad Social en Bilbao, de Gran Vía 89, se ha desarrollado una concentración para apoyar la pensión de viudedad y pedir la dimisión de Octavio Granados, Secretario de Estado de la Seguridad Social

Granados, hace unos días ha atacado la pensión de viudedad; para él dicha pensión es excesiva y pretende reformarla para vincular esta a la renta, de forma que no se cobre hasta los 65 años o que se les aplique los actuales requisitos para llegar al 60% de la base reguladora. Propone crear un seguro contratado por la Seguridad Social para situaciones específicas.

Granados sabe perfectamente que la pensión de viudedad es muy baja y afecta principalmente a las mujeres por lo que quiere ampliar la brecha de género de las pensiones, que en actualidad es del 37% y casi dos millones de personas “cobran entre 600 y 650 euros al mes”, lo que les sitúa “por debajo del umbral de pobreza”.

 

 

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Manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones: Sábado 13 de Abril, a las 6 de la tarde, desde la plaza del Sagrado Corazón de Bilbao

Por qué es necesario movilizarse tanto las personas mayores como las personas jóvenes; trabajadoras, estudiantes, paradas, precarias, por un sistema público que garantice pensiones dignas.

Porque el sistema público de Pensiones, está siendo quebrado de forma premeditada y metódica por las reformas del 2011 como las de 2013 y amenaza a las futuras generaciones de pensionistas.

Porque es necesario blindar en la Constitución el modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real.

Porque es necesario conseguir una pensión mínima de 1080 euros y acabar con las PENSIONES DE HAMBRE y en especial la situación de la mujer, con pensiones medias inferiores en un 37% en comparación con la de los hombres.

Porque el sistema público tiene en cuenta una multitud de riesgos como la enfermedad, la invalidez, la seguridad de los conyugues supervivientes, etc,. Por justicia y cohesión social. Esto supone la solidaridad social, frente la desigualdad material, la desigualdad física y la protección de las personas más vulnerables.

Porque constituye una de las principales piezas de la política social y es la partida principal del gasto público en bienestar social y afecta a más de 9 millones de personas.

Porque hay que acabar con la política de derribo del sistema que genera artificialmente el déficit de la Seguridad Social, debido a las multimillonarias bonificaciones que reciben los empresarios, y contra la caída en picado de las cotizaciones por la contratación basura y pésima calidad del empleo, como consecuencia de las reformas laborales.

Porque la capacidad de financiar las pensiones depende de la producción de riqueza y su distribución. El sistema público de pensiones (sistema de reparto) hoy es perfectamente posible. Solo hace falta voluntad política. Si no se llega con las cotizaciones de las personas activas, las pensiones deben financiarse como los demás gastos sociales, es decir con impuestos y a cargo de los presupuestos generales.

Porque la desgravación fiscal a las aportaciones a los Planes Privados de Pensiones (EPSVs), restan ingresos al sistema público, son un estupendo negocio para los banqueros y constituyen un atentado al sistema público, porque pretenden justificar la rebaja de las prestaciones. Y solamente son accesibles para las personas que tienen rentas altas.

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