Otro ataque al sistema público de pensiones, esta vez desde Bruselas, que plantea un ajuste anual en España de casi 12.000 millones

La última reforma del sistema público de pensiones del ministro Escrivá,Bruselas dio por buenos los cambios introducidos, entre ellos, la subida anual del IPC y la introducción del mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI) para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ahora en un informe sobre envejecimiento, señala que los desequilibrios financieros en el sistema persistirán, de modo que España tendrá que hacer ajustes a partir del 2026. Y no serán menores, ya que el documento publicado este viernes por la Comisión Europea, los eleva a casi 12.000 millones de euros anuales.

La nómina mensual de pensiones alcanza ahora mismo en catorce pagas unos 13.000 millones incluyendo las clases pasivas de funcionarios. La reforma pactada con Bruselas establece que el gasto corregido por las medidas de ingresos no debe superar el 13,3% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050 y en 5 puntos para 2070.

La Comisión advierte de que el gasto en pensiones será mucho mayor al que calcula el Gobierno en sus planes, llegará al 17,5% del PIB, por lo que pronostica que al superar el 15% del PIB se tendría que activar el mecanismo de ajuste incluido en la propia ley de Escrivá, lo que implica ajustes de casi 12.000 millones anuales en el gasto para devolver al sistema público de pensiones a la senda de la sostenibilidad, algo que estaría marcado por que el gasto en prestaciones no exceda el 13,3 % del PIB.

De este modo, empleando las estimaciones de ingresos realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España se verá obligada a acometer un ajuste de ocho décimas de PIB.

El mecanismo de ajuste se superará debido al incremento de los gastos por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el factor de sostenibilidad, que aprobó el PP y ligar la subida de las pensiones al IPC, que provocó por ejemplo que en 2023 subieran un 8,5%.

Ante este incremento de gastos, los ingresos no serán suficientes pese a las subidas puestas en marcha por el Ejecutivo. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supuso un incremento de las cotizaciones, pero Bruselas advierte de que no será suficiente.

Por eso, la ministra Saiz está buscando nuevas modificaciones en el sistema para gastar menos. La prueba es el documento enviado a los agentes sociales a primeros de abril en el que propone «un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión».

Además, la segunda parte de esta reforma, que debe garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema y que incluye la revisión del periodo de cómputo de la cotización, está ligada al cuarto pago de más de 10.000 millones de euros del plan de recuperación, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión, cuya evaluación llegará el 20 de mayo.

El Movimiento de Pensionistas de nuevo se manifiesta ante el Parlamento Vasco, para que se apruebe el complemento de las pensiones mínimas hasta 1080 euros en 14 pagas

La manifestación convocada por el Movimiento de Pensionistas, ha conseguido reunir a unas 1.000 personas, procedentes de Bizkaia y Gipuzkoa y Araba, que se han trasladado en autobuses y coche particulares. En ella han participado las plataformas de pensionistas que se están movilizando todos los lunes en las capitales y en más de 60 localidades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La manifestación se ha iniciado a las 11.00 horas de la plaza Bilbao y ha transcurrido muy animada por las distintas megafonías, que no han parado de cantar las distintas consignas reivindicativas, con la participación de cerca de 30 pancartas de los distintos pueblos y ciudades. La manifestación ha transcurrido por distintas calles de Gasteiz y ha marchado frente al Parlamento Vasco, finalizando con una concentración frente a la Catedral Nueva, donde se ha realizado un acto informativo, donde se ha dado lectura de un comunicado en euskera y castellano.

 Ha sido una movilización que se ha llevado a cabo tres días antes de la celebración de las elecciones autonómicas el 21 de abril. Al igual que en los últimos meses y semanas el M.P. vuelve a demandar a todos los partidos políticos que asuman y defiendan el complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros en el plazo más breve posible, es decir en este año 2024. Y que en el próximo parlamento que salga de estas urnas se apruebe de inmediato esa petición, exigiendo al nuevo gobierno que se forme su aplicación.

Son 168.000 personas pensionistas en la CAV quienes perciben pensiones por debajo ‒o muy por debajo‒ de los 1.080 euros, en su gran mayoría mujeres. Pensión mínima que venimos demandando desde hace más de seis años para poder vivir con un mínimo de dignidad, y que, además, esa cifra durante estos años se ha visto muy deteriorada o debilitada en su capacidad de adquisición por la inflación y sobre todo por el aumento del coste de la cesta de la compra.

El amplio arrope social con que cuenta, incluso de instituciones locales como los ayuntamientos ‒bastante más de la mitad de los municipios de la CAV han dado su apoyo a la moción del MPEH en favor del complemento a las pensiones a 1.080 euros‒ son un ejemplo de ello.

Mientras el Gobierno de la CAV deja sin gastar anualmente 500 millones de euros, mientras se defiende a los responsables del desorbitado incremento de los precios (sector financiero y de la energía) están obteniendo beneficios récords y no se persigue el fraude fiscal, que hace que las rentas de capital o de sociedades no tributen o lo hagan muy por debajo de las rentas de trabajo. Se está condenando a más de la mitad de las personas pensionistas al deterioro de sus condiciones de vida, el acceso a la salud, a una alimentación sana, a servicios de atención a la dependencia y a viviendas confortables.

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La sugerencia del presidente de la CEOE de que las personas trabajadoras cobren la nómina total y que ingresen ellos sus cotizaciones a la Seguridad Social constituye un nuevo ataque a las pensiones públicas

Antonio Garamendi ha lanzado este globo sonda, una técnica de comunicación política, que se ha vuelto una práctica habitual y convive con noticias, fake news y análisis sesgados. Esta técnica se realiza para impulsar en la opinión pública, de «vacunar« a esta, ante el anuncio de una medida poco popular, que puede ayudar a que su aprobación sea mejor percibida, restándola gravedad.

Garamendi ha defendido su postura, con la coartada de reflejar el coste de las cotizaciones que las empresas deben pagar a los trabajadores “para que estos sepan cuál es el coste real”, ya que, indirectamente, este cargo lo asumen los empleados a través de su salario, aunque sea la empresa la que «directamente paga en Hacienda y a la Seguridad Social».

Este globo sonda va en la línea de la permanente intoxicación por los medios de comunicación de la derecha de que “Las pensiones públicas no son sostenibles “y presentar poco a poco un sistema de pensiones, en vez de público de reparto como el actual por otro de capitalización individual o de empleo como las actuales EPSV, en la misma línea de fomentar los planes de pensiones de Empleo y privados, que fueron aprobados el 9 de Junio de 2022 en el Congreso con 172 votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV, a favor y 164 votos de PP, Vox, ERC, BNG, Compromis, Mas País y CUP en contra; y 6 abstenciones de EHBildu y Coalición Canaria.

Esta ley introduce subvenciones y desgravaciones en el IRPF, en el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre transacciones financieras, más la merma de cotizaciones por las aportaciones a los planes de pensiones. No contentos con lo anterior las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas, piden más desgravaciones.

El Consejo Vasco de la Previsión social, compuesto por el Gobierno Vasco, las Diputaciones y la patronal y los sindicatos ELA, CC.OO., UGT, reunido el pasado 26 de Enero ha ratificado un nuevo decreto para promover las EPSVs, que regule las ayudas fiscales ‒aunque éstas las determinan las diputaciones forales‒ y su seguridad jurídica. Se trata de adaptar Ley 12/2022, de 30 de junio. Un decreto que corresponde en exclusiva al gobierno vasco, que no necesita la aprobación del parlamento de Gasteiz., que entró en vigor el 2 de Abril.

Las declaraciones del presidente de la Patronal CEOE, están en línea con ideología neoliberal, individualista y segregacionistas, teniendo como objetivo: debilitar, empobrecer y privatizar al sistema público de pensiones.

Este lunes día 8 de abril se reúne la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdosdel Pacto de Toledo

COMUNICADO

En dicha reunión la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comparecerá para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento.

            Las organizaciones y movimientos de pensionistas abajo firmantes queremos aprovechar la ocasión para recordarle a la ministra y a la comisión que cuestiones fundamentales para garantizar pensiones públicas dignas y suficientes siguen pendientes y que compromisos recogidos en la Ley como la Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social y la tasa de reemplazo de las pensiones públicas, siguen sin realizarse.

            Las personas pensionistas, seguimos comprobando que debido a la insuficiencia de las pensiones públicas nuestras condiciones de vida se están deteriorando y sufrimos especialmente las consecuencias de la privatización de los servicios de sanidad, residencias y el encarecimiento de dichos servicios. Los efectos sobre nuestra economía del incremento de los costes de productos y servicios básicos (38% según OCU), hacen que cada vez más personas mayores no puedan acceder a una medicación correcta, alimentación sana, una vivienda confortable con servicios básicos garantizados (Luz, Agua, etc.) y pensiones públicas por encima del umbral de la pobreza.

            Las decisiones adoptadas para mejorar las pensiones mínimas son muy insuficientes y después de más de seis años de exigir una pensión mínima de 1080 euros seguimos esperando.

            La pobreza e insuficiencia de las pensiones, tiene cara de mujer y se sigue sin adoptar medidas eficaces para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones y mejorar sustancialmente la pensión de viudedad.

            La tasa de reemplazo de las pensiones sigue disminuyendo debido a que los recortes introducidos en la reforma del 2011 se mantienen en la del 2021 y se siguen reduciendo a medio plazo, la edad de jubilación aumenta de manera progresiva, se van profundizando las medidas de contraer al máximo el sistema público de pensiones y la seguridad social, sin resolver de manera definitiva la grave medida de reducir las pensiones a aquellas trabajadoras y trabajadores con 40 años o más de cotización en su vida laboral.

            Reclamamos que todo el esfuerzo que se está realizando por construir un sistema complementario de pensiones privadas (basadas en la recomendación número 16 del Pacto de Toledo) a través de los eufemísticamente llamados ¨planes de empleo¨ se aplique en garantizar el sistema público y mejorar las pensiones públicas.

            Por esas y otras razones, las organizaciones de pensionistas que suscribimos este comunicado decimos NO al Pacto de Toledo, y pedimos se derogue la ley de creación del fondo de pensiones privadas (PPEs) a través de la negociación colectiva, y que ni un solo euro de los salarios diferidos en la vida laboral de las trabajadoras y trabajadores, se destinen a fomentarlos. 

            Estas demandas deben ser contempladas no sólo en las líneas generales del ministerio, sino en las decisiones concretas del gobierno y sus apoyos parlamentarios. Solo es cuestión de voluntad política hacerlas realidad.

            El conjunto de pensionistas de los diferentes pueblos del estado seguiremos luchando porque estamos convencidos que esta batalla la vamos a ganar; celebramos lo conseguido, pero queda mucho por conseguir, tras decenas de años de trabajo es de justicia lograrlo.

NO AL PACTO DE TOLEDO

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar)

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)

MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas)

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)

UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas)

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles…

El Movimiento de Pensionistas se manifestará frente al Parlamento Vasco el 18 de Abril

Esta movilización, que se llevará cabo tres días antes de la celebración de las elecciones autonómicas, no será más que el colofón de la amplia campaña de sensibilización e iniciativas que vienen impulsando y acentuarán en las próximas semanas en defensa del complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros en 14 pagas, con aplicación este mismo año 2024.

El 12 de abril, el Movimiento de Pensionistas (MP), dará una rueda de prensa en Donostia, para explicar las razones de esta campaña, las iniciativas que se han llevado a cabo y el gran interés e importancia de la movilización del 18 de abril en Gasteiz. Asimismo, dará cuenta de los pronunciamientos de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca que han dado su apoyo a la moción del MP en la que se demanda el complemento a 1.080 euros a las pensiones mínimas, y que se haga llegar ese acuerdo de apoyo al Gobierno Vasco. Pronunciamientos favorables que podemos adelantar superan ya el 50% de todos los ayuntamientos de la CAV.

En las Juntas Generales de Gipuzkoa también se dio apoyo a esa moción. Y en abril, en una fecha aún sin concretar, en un Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, que se celebrará en Gernika, igualmente será sometida a debate y votación una PNL (Proposición No de Ley), presentada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, en los mismos términos reivindicativos. Una delegación del movimiento de pensionistas será invitada a estar presente en el pleno, mientras que en la calle ante la Casa de Juntas se llevará a cabo una concentración.

El objetivo central de esta campaña es poner en la agenda social y política de todos los partidos ante las elecciones autonómicas del 21 de abril, la necesidad y el compromiso de defender el complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros, en 14 pagas, para este año 2024. Claro está, lo que pretende el MP es que una mayoría parlamentaria salga de las próximas elecciones asumiendo ese compromiso y lo haga valer ante el próximo gobierno que se forme, para que lo aplique en el plazo más breve posible.

Se trata de una urgencia social a la que ningún partido preocupado por los problemas de un sector tan importante de la ciudadanía puede decir no, o ponerse de perfil, ante una demanda tan básica y elemental. Decenas y decenas de millares de pensionistas, en especial mujeres, son personas que malviven con pensiones de miseria. No cabe dilatar por más tiempo una respuesta positiva a esta petición.

Todo vale con el objetivo de empobrecer y privatizar las pensiones públicas

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas han pedido la semana anterior “mejor trato fiscal” en la próxima reforma , para crecer en número de socios, es decir más desgravaciones fiscales.

La Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, configura un modelo de pensiones análogo a otras privatizaciones y segregaciones de servicios públicos como la enseñanza concertada o los seguros médicos privados.

El modelo público de reparto de las pensiones pretende no dejar a nadie atrás y promueve una salida colectiva no segregadora, frente a un modelo de capitalización, donde las personas con mejores salarios podrán hacer mayores aportaciones y por lo tanto mejores pensiones.

Esta ley introduce subvenciones y desgravaciones en el IRPF, en el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre transacciones financieras, más la merma de cotizaciones por las aportaciones a los planes de pensiones. No contentos con lo anterior las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas, piden más desgravaciones.

El Consejo Vasco de la Previsión social, compuesto por el Gobierno Vasco, las Diputaciones y la patronal y los sindicatos ELA, CC.OO., UGT, reunido el pasado 26 de Enero ha ratificado un nuevo decreto para promover las EPSVs, que regule las ayudas fiscales ‒aunque éstas las determinan las diputaciones forales‒ y su seguridad jurídica. Se trata de adaptar la citada Ley 12/2022, de 30 de junio. Un decreto que corresponde en exclusiva al gobierno vasco, que no necesita la aprobación del parlamento de Gasteiz., que entrará en vigor el 2 de Abril.

El Gobierno Vasco ha aprobado este 13 de Marzo, el nuevo decreto de EPSV, que entrará en vigor el 2 de abril y establece una forma mixta de percepción de las prestaciones en forma de renta mensual como complemento de la pensión pública y fija en 43.400 euros el umbral para el pago en forma de renta.

Con el objetivo de debilitar, empobrecer y privatizar al sistema público de pensiones, se argumenta interesadamente y reiteradamente, por los medios de comunicación que el Sistema Público de Pensiones es deficitario y hace falta un sistema complementario (Planes de pensiones de empleo o privados)

Esa falacia oculta interesadamente que a la Seguridad Social se le cargan, año tras año, una serie de gastos que no le corresponden. Partidas que deberían ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y no a la Seguridad Social.

Estos gastos impropios son de diversa naturaleza, como las reducciones en la cotización a la SS para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento por maternidad, las medidas de apoyo para ayudas a sectores específicos, o el coste de complementar las lagunas de cotización, entre otras partidas de naturaleza “no contributiva”.

Ya el Tribunal de Cuentas estimó en su día ‒marzo del 2022‒ que la factura de gastos impropios, que el Estado debe a la Seguridad Social, ascendía a 103.690 millones de euros por el periodo comprendido entre 1989 y 2018. Por su parte, el anterior ministro del ramo José Luis Escrivá reconoció el año pasado, en un ataque de sinceridad, que en los últimos 30 años se han cargado indebidamente a la SS 144.000 millones de euros.

Si vamos al detalle de los dos últimos ejercicios, en datos oficiales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) encontramos que los gastos cargados indebidamente a la Seguridad Social fueron 18.396 millones de euros en 2022 y 19.988 en 2023, que el Estado ha tenido que transferir (lo hace desde 2013) para no provocar un agujero en las pensiones públicas. Pero los cargos por gastos indebidos no cesan, año tras año.

Así pues, ¿de qué estamos hablando? Pues de un ataque continuo a la cuentas de la Seguridad Social, con partidas ajenas a su naturaleza y a sus fines. Creemos además que este machaque es interesado, para intentar justificar la supuesta necesidad de recortes y privatizaciones de las pensiones públicas, que desde el movimiento pensionista rechazan categóricamente.

Mientras tanto, desde el verano de 2022 se está incumpliendo la Ley 21/2021, que obligaba al gobierno a elaborar un informe de Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que pondría negro sobre blanco la salud y solvencia de las mismas, y cerraría el paso al discurso y a la avaricia de las élites financieras.

Una vez más, miles de personas en tres capitales vascas se manifiestan, por una sanidad 100 % pública, de calidad y contra el desmantelamiento de Osakidetza

Convocada por la Coordinadora de plataformas ciudadanas en defensa de la Sanidad Pública “OPA Herri Plataformak” y apoyada por diversos movimientos sociales y sindicales, tiene como objetivo, establecer un sistema de cuidados integral, público y de calidad, que cubra todas las etapas de la vida.

La situación actual de Osakidetza es el resultado de una reforma y gestión política irresponsable, que arranca desde el año 1993, con el denominado Plan Osasuna Zainduz, donde se urdió la privatización de Osakidetza por parte de sus responsables políticos: Azkuna y Bengoa (PNV y PSE-EE (PSOE)). Esta reforma impuso la competitividad, la reducción de costes, la figura del cliente, la sanidad como un mercado, las políticas de oferta y demanda, los incentivos por resultados y otras medidas.

Esto se vio agravado por la aprobación de la Ley 15/97, que permitió la entrada de entidades privadas en la asistencia sanitaria.

El incremento en el gasto sanitario que ahora anuncia el Gobierno Vasco, pretendiendo aplacar el clamor popular que denuncia su pésima gestión, en realidad se concentra básicamente en la construcción de nuevos equipamientos y en la adquisición de equipos ultrasofisticados.

Con esta decisión el Gobierno Vasco, lejos de solventar las carencias más básicas que sufre diariamente la Atención Primaria, se empecina, una vez más, en favorecer a determinadas empresas a las que le unen estrechos vínculos económicos y personales.

Por otra parte, la política de recortes en la sanidad pública ha provocado un aumento galopante de las listas de espera para acceder a un/a especialista, y de los plazos para someterse a una intervención quirúrgica.

No se está dispuesto a tolerar la disminución de estas listas a costa de la privatización de los servicios, aunque se realice con distintas caretas como derivaciones a clínicas privadas, conciertos o incluso “peonadas”. La salud no es un bien de mercado, es un derecho universal, por lo que:

• Exigen paralizar y revertir todas las privatizaciones realizadas hasta la fecha, así como la revocación de la Ley 15/97, que posibilita la entrada de entidades privadas en la asistencia pública sanitaria.
• Reclaman la recuperación y el fortalecimiento de la incompatibilidad médica, y el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
• Denuncian la reciente estrategia de las mutuas para crear 2 sistemas de salud diferenciados, uno reparador sobrefinanciado para la población activa, y otro descapitalizado para el resto de la ciudadanía.

El Movimiento de Pensionistas apoya las movilizaciones del 16 de Marzo por una sanidad pública de calidad. En Bilbao, a las 12:00 h. desde la plaza del Sagrado Corazón

El pasado sábado día 17 de febrero se celebró en Barakaldo una asamblea de todas las plataformas ciudadanas (OPA Herri Plataformak) de la CAV. Después de analizar la situación que atraviesa la sanidad pública decidieron llamar a la ciudadanía a manifestarse el 16 de marzo en Bilbao, Donostia y Gasteiz en defensa de una sanidad pública, universal, integral y de calidad, que se encuentra en una situación crítica por los recortes y el avance en el desmantelamiento y la privatización de Osakidetza, en especial en la Atención Primaria.

La Atención Primaria debe “convertirse en la piedra angular del sistema asistencial sanitario y no en una mera puerta de entrada”. Las Plataformas remarcan que la Atención Primaria debe permitir el seguimiento de los distintos problemas de salud por un mismo médico, garantizar la equidad de acceso con una atención presencial, disponer los recursos necesarios, contar con autonomía organizativa y ampliar los servicios sanitarios ofertados.

Calificaron de poco creíbles las promesas realizadas tanto por Imanol Pradales, candidato del PNV a las elecciones autonómicas de mejorar Osakidetza si llega a lehendakari, como el anuncio, a bombo y platillo, de Gotzone Sagardui de invertir 277 millones de euros en mejoras para los hospitales de Donostia, Galdakao y Basurto.

Consideran que son poco fiables, cuando no quieren reconocer el deterioro de Osakidetza provocado, entre otras razones, por leyes privatizadoras como la ley 15/97 que fue aprobada con el apoyo de su propio partido. Además, se plantea esa inversión de 277 millones de euros en un plan a varios años, cuando existen en la actualidad problemas muy graves: falta de personal, largas listas de espera, una situación un tanto agónica de la atención primaria, altísima temporalidad, etc., que exigen medidas inmediatas de reparación y solución.

Las OPA Herri Plataformak apuestan por movilizaciones unitarias y plurales por lo que llaman a todas las organizaciones sociales y sindicales, al movimiento de pensionistas y a toda la ciudadanía a participar en las manifestaciones del 16 de marzo para exigir al gobierno actual, o al nuevo que se forme tras las elecciones, a que se de un giro de 180 grados y adopte medidas eficaces que garanticen un modelo de cuidados integral, 100% público, universal, digno y de calidad.

El Movimiento de Pensionistas apoya las movilizaciones del 8 de Marzo. En Bilbao, Manifestación a las 19,00 h. desde la plaza Sagrado Corazón

Comunicado del 8 de Marzo

 ZAINTZA DUINA DENONTZAT!!! ¡¡¡EXIGIMOS CUIDADOS DIGNOS!!!

Han pasado tres meses desde la Huelga Feminista General del 30 de noviembre, en la que salimos todas y todos a la calle por el derecho colectivo al cuidado y reivindicando un sistema público y comunitario de cuidados. Conseguimos que el tema de los cuidados estuviese presente en los medios de comunicación y entrase también en la agenda política.

En aquellos momentos, el Gobierno Vasco lanzó la campaña “Hacia un Pacto Vasco por los Cuidados” y ahora Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos de las 3 capitales han firmado un “Acuerdo institucional para un futuro Pacto de País por los Cuidados”. Pero seguimos sin conocer en qué consiste ese famoso Pacto Vasco por los Cuidados. Han adoptado 14 compromisos formulados genéricamente y sin ninguna acción concreta que defina ese nuevo sistema de cuidados hacia el que quieren caminar. Ni una referencia a un sistema de cuidados público, universal y de calidad.

Por eso este 8 de Marzo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, junto a la exigencia a los Gobiernos Vasco y Navarro de complementar las pensiones mínimas hasta 1.080 € en 14 pagas, seguimos exigiendo cuidados dignos para todas y todos. Cuidados dignos en casa y en las residencias.

El Gobierno Vasco y las Diputaciones nos dicen que hay que estar cuidadas en casa el máximo tiempo posible. Y seguramente todas y todos compartimos esa idea. Pero la clave es: cuidadas en casa, ¿cómo? Porque para las instituciones se trata de dar un cheque de entre unos 100 € y 500 €, con diferencias según vivas en Araba, Bizkaia o Gipuzkoa, para que una mujer de la familia cuide de la persona dependiente. Y, en muchas ocasiones, se convierte en un dinero para pagar a una mujer migrada que es quien realmente cuida. Esto no es cuidado digno ni para quien es cuidada ni para quien cuida.

El cuidado en casa debe ser profesionalizado, integral y de gestión pública. Debe estar basado en el Servicio de Ayuda a Domicilio, un servicio que debe ser replanteado, para que responda a las necesidades de las personas cuidadas, que sea accesible para todas las personas que lo necesiten, independientemente de su capacidad económica, y que garantice unas condiciones salariales y laborales dignas para las trabajadoras. Este servicio no puede ser un negocio para determinadas empresas a costa de las trabajadoras y de las personas que reciben el servicio.

Y cuando una persona no puede, o no quiere, ser cuidada en casa, el cuidado se debe realizar en su entorno, primero en pisos tutelados o viviendas comunitarias, servicios que son responsabilidad de los ayuntamientos; y, finalmente, en residencias. Pero tenemos que cambiar también el modelo de residencias. Las Diputaciones, responsables de este servicio, nos hablan de que “estar en una residencia debe ser como estar en casa”, y para ello dividen las residencias de 300 plazas, que en muchos casos están fuera de los centros urbanos, en módulos de 25 o 20 plazas, en lo que llaman “unidades convivenciales”. Pero el cambio de modelo residencial tiene que ir mucho más allá. Queremos residencias pequeñas y situadas en nuestro entorno. El cuidado en una residencia debe ser compatible con seguir manteniendo nuestras relaciones de barrio o pueblo. La residencia debe estar abierta a la comunidad del entorno para realizar actividades, favorecer relaciones entre personas de diferentes generaciones, etc. Y con un cuidado de calidad, para lo que es necesario que las trabajadoras de estas residencias tengan condiciones laborales y salariales dignas, y que las ratios de atención (responsabilidad del Gobierno Vasco) se definan a partir de las tareas que deben llevar a cabo las personas cuidadoras, garantizando el tiempo necesario para el cuidado para cada persona residente. Unas residencias donde lo que prime sea el cuidado de calidad y no el negocio de la empresa gestora. Por eso exigimos que los servicios de cuidado sean de gestión pública.

Desde aquí exigimos a los Gobiernos Vasco y Navarro, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos que aborden el debate de los cuidados de manera participativa, constituyendo Mesas Interinstitucionales a diferentes niveles, con la participación tanto de las diferentes instituciones como del movimiento feminista y agentes sindicales y sociales, como el MPEH, para entre todas y todos definir y acordar las características de ese sistema de cuidados público y comunitario que necesitamos.

Y hacemos un llamamiento a las mujeres y hombres pensionistas a participar en las movilizaciones convocadas para este 8 de marzo por el movimiento feminista, reivindicando cuidados dignos para todas y todos. Cuidados dignos y pensiones dignas.

Complemento de pensiones mínimas a 1.080 €, YA

¡Cuidados dignos para todas y todos!

3 de Marzo, ni olvidamos ni perdonamos

Comunicado del Movimiento de pensionistas

El 3 de marzo de 1976 la huelga general convocada en Vitoria-Gasteiz fue seguida masivamente, en solidaridad con más de seis mil trabajado-ras y trabajadores que llevaban dos meses de huelga, debido a la intransigencia empresarial y a la dictadura. La policía franquista, premeditada y fría-mente, disparó más de 2000 balas, asesinando a cinco trabajadores e hiriendo de gravedad a más de un centenar, al disolver por la fuerza la asamblea obrera que pacíficamente se desarrollaba en la Iglesia de San Francisco. Aún asesinarían a dos personas más, en Basauri, Tarragona, en las huelgas y manifestaciones de solidaridad. Las personas responsables de la matanza eran todas conocidas, pero ninguna ha pagado por ello, no sólo quienes la ejecutaron, sino quienes dieron la orden, entre las que destaca Martin Villa, falangista de toda la vida, ministro de relaciones sindicales entonces, y poco después ministro del interior.

Aunque los crímenes del franquismo no hayan sido juzgados, y no haya sido posible aún derribar el muro de impunidad levantado durante la Transición, la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, creada hace 25 años, mantiene activa la lucha para que se haga Justicia, ha conseguido, junto a la mayoría sindical vasca, que cada tres de marzo haya mantenido vivo el recuerdo de lo ocurrido, y recogido el acontecer de las luchas obreras, y está logrando que se haga realidad la iniciativa para que la Iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de ZARAMAGA, se convierta en un Memorial para recuperar y transmitir la memoria de aquellas luchas.

Hoy, como ayer, el trabajo es central en la vida de las personas, pero cada vez es más difícil vivir de él dignamente lo que repercute en las pensiones al final de la vida laboral. Los datos revelan la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en favor de los beneficios de empresarios y banqueros, los precios de la vivienda están por las nubes por culpa de la especulación, la salud, la educación y los cuidados son cada día más un negocio, el fraude fiscal persiste, y las guerras, especial-mente la de Ucrania, y el genocidio en Gaza, agravan la carestía de la vida, aceleran la degradación medioambiental, y aumentan los gastos militares en perjuicio de los gastos sociales.

Si hay algo que hemos aprendido las personas pensionistas, después de años de luchas y experiencias, es que bajo el capitalismo ninguna conquista es ni suficiente ni permanente, y por eso hay que seguir peleando, y convergiendo con otras luchas, entre las cuales destaca la del movimiento en contra de la privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad, y también la feminista, que exige medidas contra la violencia machista, políticas de cuidados públicas y de calidad, o acabar ya con la brecha salarial y en pensiones. 

El MPHE vamos a seguir defendiendo el Sistema Público de Pensiones y para ello es necesario suprimir los beneficios fiscales para los fondos privados de pensiones, y revertir los recortes de 2011,que están retrasando la edad de jubilación y reduciendo las pensiones, con especial afectación a la juventud, mujeres, y migrantes, castigadas por el paro y los empleos basura sobre los cuales no se pueden construir pensiones dignas. Pensiones que como mínimo reivindicamos que sean de 1080 € en catorce pagas y que se revaloricen conforme al IPC real.

El próximos 3 de marzo, el MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS DE EUSKAL HE-RRÍA hacemos un llamamiento para participar en las movilizaciones que se convoquen, y asistirem os con nuestros pañuelos al cuello, exigiendo JUSTICIA para los crímenes franquistas, y condiciones de vida y de trabajo decentes para todas las personas.

¡VIVA EL 3 DE MARZO¡ ¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA ¡

¡PENTSIODUNAK AURRERA¡