El ‘TTIP canadiense’: un regalo único para las corporaciones transnacionales

Por Francesca Ricciardi, Lucía Bárcena y Tom Kucharz
Miembros de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No a TTIP, CETA y TiSA.

El 21 de septiembre se ha empezado a aplicar de manera provisional el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), un regalo a las élites económicas y financieras que se ha chocado con movilizaciones y una oposición política sin precedentes en este tema político.

Lo primero que debemos señalar es que sólo 4 parlamentos de los 28 Estados miembros de la UE han ratificado el acuerdo. Sin embargo el CETA sólo entrará en vigor plenamente cuando todos los parlamentos de la UE lo hayan ratificado. Y estamos muy lejos de eso. A pesar de ello, se aplica provisionalmente la mayor parte del acuerdo, como las secciones sobre la eliminación de aranceles de bienes, el capítulo de servicios y contra­tación pública, así como la cooperación en materia de reglamentación.

Con la aplicación provisional se pueden importar productos de carne (vacuno y cerdo) canadiense con productos tóxicos y prohibidos en la UE (tales como hormonas o ractopamina) o salmón transgénico debido a la falta de controles y procedimientos de certificación de la carne y pescado canadiense a su llegada a los puestos de inspección fronterizos europeos. Con el sólo control de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Canadá no hay garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suminis­trados, la absoluta falta de trazabilidad y del etiquetado de los productos que contengan organismos modificados genéticamente (OMG), así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados y utilizados.

Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas en la UE y que los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE.

Las importaciones de carne es un aspecto que preocupa a la ganadería familiar europea porque los costes de producción son menores en Canadá. Esto podría agravar la guerra de precios. Con la reducción de aranceles en CETA (por ejemplo el 87% en comida procesada) se reducirán aún más los precios para la mala alimentación lo que incrementará los riesgos para la salud.

¿Cuáles son las consecuencias del capítulo sobre la cooperación reguladora?

Este capítulo tendrá impactos muy negativos a largo plazo retrasando o compli­cando la regulación de parlamentos y gobiernos porque habrá más mecanismos de bloqueo frente a nuevas regulaciones por parte del gobierno canadiense y las asociaciones empresa­riales.

Lo hemos visto con el reglamento para prohibir los contaminadores hormonales (disruptores endocrinos) y la regulación de tóxicos en la UE (REACH). La presión de Canadá, los Estados Unidos, con su labor de lobby en Bruselas, y de las corporaciones transnacionales que emplean estos tóxicos en sus productos, ha conseguido retrasar la regulación de los disruptores endocrinos casi 4 años. Los disruptores endocrinos alteran el sistema hormonal y por esta alteración se pueden producir enfermedades como cáncer y problemas metabólicos (obesidad y diabetes). Su coste sanitario en la UE se estima en un mínimo de 160.000 millones de euros al año.

A partir del 21 de septiembre no está garantizada la transparencia respecto al trabajo de los órganos de cooperación reguladora. Nos preocupa que empezarán a funcio­nar los distintos comités de la cooperación en materia de reglamentación sin estar obli­ga­dos a publicar ex-ante la agenda, los informes de actividades ni las conclusiones, así como los dictámenes y posiciones de las distintas autoridades sobre los proyectos de regula­ciones que serán afectadas por el CETA.

Estos comités buscan principalmente aumentar los intercambios económicos y no a reforzar las normas de protección de la salud, los trabajadores y el medio ambiente. Los mecanismos de diálogo previstos cortocircuitan los procesos democráticos parlamentarios y, en esta etapa, no puede descartarse un riesgo de interferencia de intereses privados en el proceso de toma de decisiones.

El problema es que muchos de los efectos de la cooperación reguladora serán difíciles de entender. Se trata de la presión a puerta cerrada sobre los funcionarios que preparan o cambian leyes, que nunca seremos capaces de detectar o demostrar en caso de duda. Será fundamental el control parlamentario de cómo se utilizará este capítulo.

Esto significa aumentar el control sobre los grupos de presión empresariales. Debemos estar vigilantes y reaccionar ante cualquier denuncia de diputados y funcionarios cuando las autoridades son presionadas por medios del CETA. Y necesitamos que los funcionarios hagan pública esta presión.

El CETA permite el sector bancario y financiero ampliar la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE. Y en vez de prohibir transacciones especulativos, CETA se ajustará constantemente sobre la base de la evolución de ambos mercados. Un paso para dar más derechos a los bancos y especula­dores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estalli­dos de burbujas especulativos como la inmobiliaria en España.

Con la aplicación provisional se liberaliza también el sector energético lo que profundizará la crisis climática. Canadá exportará más productos derivados de la extrac­ción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas lo que aumenta la demanda del petróleo no convencional y la explotación de los combustibles fósiles. Es vergonzoso como el propio Gobierno de Canadá publicita en su página web las “oportuni­dades y beneficios del CETA para los exportadores de petróleo y gas de Canadá” al caer los aran­celes para las arenas bituminosas del 2.2% al 0%.

En España, no se ha creado todavía ninguna comisión encargada de supervisar la aplicación provisional del CETA, al que se le podría pedir que evaluara el impacto sani­tario y medioambiental y que supervisara cuestiones delicadas como las nuevas técnicas de obtención de variedades modificadas genéticamente, así como la evolución de las regula­ciones sobre productos fitosanitarios (por ejemplo, la clasificación y la prevención por los disruptores endocrinos).

La protección de los inversores en CETA es uno de los capítulos más peligrosos de este acuerdo

El litigio de arbitraje en CETA será mucho más fácil que en otros tratados como por ejemplo el NAFTA, el acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México que se está re-negociando actualmente. CETA es el primer tratado en el mundo que proteger explícitamente las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato justo y equitativo”. Si este capítulo entrara en vigor, se podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Esto daría a los inversores un instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas.

Justo antes de la firma del CETA hace un año, la Unión Europea y Canadá han intentado desviar el debate de fondo sobre la incompatibilidad de los tribunales de arbi­traje y el Estado de Derecho con explicaciones muy engañosas. Han firmado declaraciones interpretativas, sin cambiar el contenido del capitulo. Pero es triste que esta ofensiva de maquillaje y propaganda haya conseguido atrapar una parte de los medios y partidos políticos.

Sin analizar que el CETA podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas lo que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos y parlamentos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.

Bélgica ha recurrido el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Hay abogados que consideran probable que el Tribunal de Justicia Europeo decidirá que la protección del inversor en CETA no es compatible con la legislación de la UE. El tribunal europeo podría argumentar que sólo los tribunales europeos son respon­sables de la interpretación de la legislación europea y no un tribunal internacional de arbitraje. Pero hay, por supuesto, abogados que lo ven de otra manera. El proceso de análisis por parte del TJUE por sí sola es una pequeña victoria del movimiento contra el CETA y podría prolongar el proceso de ratificación. Algunos parlamentos querrán esperar al dictamen del tribunal antes de votar el tratado si existen preocupaciones acerca de la legalidad del CETA.

¿Y qué sucede si un país no ratifica el CETA?

Si un país dice que No, la ratificación ha fracasado y el tratado no será jurídica­mente vinculante. También existe la hipótesis de que algunos países jamás lleven el tratado a la ratificación por miedo de perder la votación. Eso significaría que la mayor parte del CETA estaría aplicándose por la vía de los hechos, pero no legítima ni democrá­ticamente. Y sin la plena ratificación y entrada en vigor del CETA, el capítulo de la protección de la inversión nunca viera luz. Esto, también, sería una victoria para el movi­miento de resistencia contra las políticas neoliberales de la UE y del Gobierno español.

No obstante, las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA confíamos en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenar un día el CETA y poner en marcha políticas comerciales alternativas que pongan en el centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la igualdad de género, los derechos laborales y la justicia social y ambiental.

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Cerca de 500 de personas exigen la libertad del bilbaíno David Rincón detenido en Hamburgo en la movilizaciones contra la cumbre del G20

Convocada por la Plataforma Herriok Erabaki del barrio de San Ignacio y varios colectivos, hoy ha tenido lugar esta manifestación que ha partido desde la plaza del Arriaga, finalizando en la plaza de Unamuno, donde se ha leído un comunicado, tras pasar por la plaza Biribila y el Ayuntamiento para exigir la libertad del activista y vecino del barrio, David Rincón, que será juzgado en la ciudad alemana de Hamburgo, el próximo lunes día 25 de Septiembre.

Las personas que han acudido a esta manifestación de solidaridad con David, en un ambiente animado por “ORCRESTA” del barrio de Santutxu, han coreado; “David eta Besteak Askatu”. A la misma han asistido la madre y el padre de David, que mañana se trasladaran a Hamburgo para asistir al juicio, así como muchos de sus familiares y amistades.

Desde que David fue detenido el 6 de Julio, ha estado en prisión y se han realizado varias concentraciones y manifestaciones, tanto en barrio de San Ignacio como en Bilbao, una de ellas frente a la embajada de Alemania para exigir además la libertad de todas las personas detenidas en las movilizaciones contra la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20.

El lunes David, el día después de las elecciones generales de Alemania, se enfrenta a la acusación de atentar contra la autoridad, en base a los informes policiales y la pena reclamada por este delito es de seis meses a seis años de cárcel, según la legislación alemana. David, es uno más de las 28 personas procedentes de diversos países de Europa que aún siguen en prisión de las cientos que fueron detenidas en estas movilizaciones.

Las personas detenidas de nacionalidad alemana fueron puestas en libertad.  La fiscalía ha impedido cualquier solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario aludiendo al peligro de fuga, vulnerando el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación por motivos de origen.

El G20 se reunió en Hamburgo y miles de personas protestaron ante los Jefes de Estado y de Gobierno de las principales potencias capitalistas, por la inhumanidad de las guerras de rapiña sostenidas por estos estados y la explotación y expoliación de las naciones pobres, que está provocando el desplazamiento de millones de personas que son abandonadas en las fronteras y no son reconocidos los derechos de asilo contenidos en los tratados internacionales.

Estos procesos se están convirtiendo en castigos ejemplares ya que el gobierno alemán y el poder judicial quieren dar un escarmiento a estas personas para que en el futuro se lo piensen las que quieran protestar en Alemania. La mayor parte de éstos, de hecho, no hicieron nada grave, algo que en condiciones normales serían juzgados con una sentencia de libertad.

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El CETA entra en vigor mañana pese a los graves riesgos para la ciudadanía

El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos regionales y nacionales europeos.

Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitario.

El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto social y económicos válidos.

La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones multimillonarias.

En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA sobre los derechos laborales la salud, el clima y la alimentación. También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales adversos, tales como:

  • En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.
  • En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’ de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por contaminación atmosférica.
  • Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a organismos genéticamente modificados (transgénicos), engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
  • Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo la salud pública.
  • El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados fracasados, así como la lucha contra la corrupción.
  • El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en España.

La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.

La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria

 

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Manifestación por la libertad de David Rincón: Viernes 22 de Septiembre, 19:30 h. en la plaza del Arriaga de Bilbao

El joven David Rincón de San Ignacio-Bilbao, será juzgado el próximo lunes día 25 en la ciudad alemana de Hamburgo.  Fue detenido el 6 de julio a raíz de las movilizaciones contra la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20. Desde entonces ha estado en prisión. La Fiscalía le acusa de atentado contra la autoridad en base a los informes policiales y la pena reclamada por este delito es de seis meses a seis años de cárcel, según la legislación alemana.

Decenas de personas fueron detenidas en las distintas movilizaciones. Las personas detenidas de nacionalidad alemana fueron puestas en libertad.  La fiscalía ha impedido cualquier solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario aludiendo al peligro de fuga, vulnerando el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación por motivos de origen. En actualidad siguen detenidas 28 personas procedentes de Italia, España, República Checa, Rusia, Países Bajos, Grecia y Francia, enfrentándose a los mismos cargos o incluso a acusaciones más serias.

Las tres personas que ya han sido juzgadas en el contexto de la cumbre del G20, por desórdenes públicos y  ataque a la autoridad, han sido sancionados entre seis meses y  31 meses y dos fueron puestas en libertad condicional. La detención de David Rincón como en otros casos se produjo fuera de las manifestaciones de protesta, mientras cenaba con unas personas en una cafetería y no en los disturbios que se produjeron en las manifestaciones contra el G20, según  diferentes medios de comunicación han querido hacer ver.

Estos procesos se están convirtiendo en castigos  ejemplares ya que el gobierno alemán y el poder judicial quieren dar un escarmiento a estas personas para que en el futuro se lo piensen las que quieran protestar en Alemania. La mayor parte de éstos, de hecho, no hicieron nada grave, algo que en condiciones normales serían juzgados con una sentencia de libertad.

El G20 se reunió en Hamburgo y miles de personas protestaron ante los Jefes de Estado y de Gobierno de las principales potencias capitalistas, por la inhumanidad de las guerras de rapiña sostenidas por estos, la explotación y expoliación de las naciones pobres que está provocando el desplazamiento de millones de personas que son abandonadas en las fronteras y no son reconocidos los derechos de asilo contenidos en los tratados internacionales.

Es por lo que debemos apoyar y solidarizarnos con estas personas detenidas y encarceladas, acudiendo a esta manifestación y exigiendo la inmediata puesta en libertad de David Rincón y de todas las personas detenidas en esta lucha.

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Concentración contra la venta de armas y su fabricación en Areeta (Getxo)

Ayer varios cientos de personas se concentraron con el lema: “NO QUEREMOS SER CÓMPLICES”, de crímenes de guerra ni de la violación del derecho internacional y humanitario, atendiendo a la llamada de; Amnistía Internacional, Colectivo Gasteizkoak, FundiPau, Greenpeace, KEM-MOC, la Plataforma Ongi etorri Errefuxiatuak Bizkaia y Oxfam Intermón, donde difundieron un comunicado de denuncia de la venta de armas, donde recientemente se ha conocido que desde octubre de 2016, el Puerto de Bilbao ha sido testigo de la carga de más de 300 contenedores de explosivos con destino a Arabia Saudí.

Esta información se ha conocido gracias a la valentía de alguien que no quiso ser cómplice y a pesar del secretismo institucional respecto al comercio de armas, tan conveniente para las empresas del sector.

Estos explosivos son solo una parte de los 650 millones de euros en armas que España ha vendido a Arabia Saudí desde 2015, a pesar del riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de guerra en Yemen donde, desde marzo de 2015, una coalición de países encabezada por Arabia Saudí bombardea sin piedad a la población civil, mercados, escuelas, hospitales y hogares, en un conflicto en el que tanto la coalición saudí como los rebeldes huzíes ignoran impunemente el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Esta “lluvia de bombas” se ve agravada por el bloqueo naval y aéreo impuesto por la coalición saudí que dificulta el acceso de la ayuda humanitaria. La guerra ha sumido a Yemen en la hambruna, la miseria y ahora en una epidemia de cólera que afecta ya a casi medio millón de personas y se ha cobrado 2.000 vidas.

Más allá del dilema moral de las relaciones comerciales con un país que viola los derechos humanos de forma flagrante, las ventas de armas a Arabia Saudí son operaciones ilegales. No solo violan el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la transferencia de armas si el estado exportador sabe que podrían utilizarse para cometer o facilitar crímenes de guerra, sino también la ley española sobre comercio de armas, que establece que no se autorizará la venta de armas cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleadas en situaciones de violación de derechos humanos.

Por esta razones, los colectivos convocantes piden al Gobierno español que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí y los demás países de la coalición que encabeza y opera en Yemen y deniegue las autorizaciones de exportación de armas a Arabia Saudí mientras se siga teniendo información, o mientras subsista un riesgo sustancial, de que se puedan emplear para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

 

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Cerca de un centenar de personas se han concentrado en la mañana de ayer en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria para denunciar la «vulneración de sus derechos» causada por la ‘ley mordaza’

La concentración organizada por la plataforma Kaleratzerik ez-Stop Desahucios Álava, ha contado con la presencia de cinco de los seis sancionados durante el desalojo de una madre de tres hijos en el barrio de Zabalgana, que también se sumó a la protesta, de un piso del parque de viviendas de alquiler de protección oficial el 15 de septiembre de 2016.

En la concentración se leyó un comunicado de la plataforma donde denunciaron que; “ha habido más de 700.000 ejecuciones hipotecarias, y más de 500.000 desahucios. En estos años ha sido necesario desobedecer leyes injustas, parando  miles de desahucios, mientras veíamos que se incumplían todas las leyes, estatales e internacionales, relativas al derecho a la vivienda y a la prevención de desahucios forzosos”.

Se destacó que; “gracias a la lucha especialmente de las PLATAFORMAS ANTIDESAHUCIOS, hemos conseguido visibilizar las prácticas abusivas de los bancos, la connivencia de las administraciones públicas con el negocio y la estafa inmobiliaria, el rescate a fondo perdido de los estafadores a cuenta del dinero público, el recorte de salarios y presupuestos, y la emergencia social con efectos dramáticos en la vivienda”.

Se denunció que; “La LEY MORDAZA, impuesta por el PP hace dos años, fue la respuesta del poder económico y político a las luchas contra la corrupción y las leyes injustas, contra los trabajadores y sus familias, contra los sectores más vulnerables de la sociedad. La REPRESION y la CRIMINALIZACION de las protestas sociales es la respuesta del poder para seguir con sus privilegios y con el robo y el saqueo de las arcas públicas”.

Además; “el 22 de junio del año pasado, el PARLAMENTO VASCO aprobó, con el único voto en contra del PP, rechazar la “LEY MORDAZA”, por “VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES”. Sin embargo, el GOBIERNO VASCO, en contra de la decisión del PARLAMENTO VASCO, nos aplica la LEY MORDAZA a KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS por denunciar este desalojo.

UN DESALOJO que VIOLO GRAVEMENTE el derecho fundamental a la vivienda, tal y como acaba de establecer el DICTAMEN DE NACIONES UNIDAS sobre desahucios sin alternativa habitacional. UN DESALOJO contrario a los ACUERDOS DE JUNTAS GENERALES Y AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ, aprobados por unanimidad, declarando GASTEIZ TERRITORIO LIBRE DE DESAHUCIOS”.

Para finalizar, la plataforma anuncian que: “NO HEMOS PAGADO LA SANCIÓN Y LA HEMOS RECURRIDO, IGUAL QUE HAN HECHO MILES DE EXPEDIENTADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, PERO ESTAMOS PLENAMENTE CONVENCIDOS DE QUE SOLO LA MOVILIZACIÓN Y LA DENUNCIA SOCIAL PUEDEN CONSEGUIR QUE SE ARCHIVE EL EXPEDIENTE QUE NOS HAN ABIERTO Y SE DEROGUE ESTA LEY REPRESORA, INJUSTA, Y CONTRARIA A LOS DERECHOS HUMANOS MAS FUNDAMENTALES”.

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Concentración contra la aplicación de la “Ley Mordaza” a seis activistas: Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, el jueves 14 de septiembre a las 11:00 h.

El 15 de septiembre de 2016 en el barrio de Zabalgana de Gasteiz, una inquilina de un piso de Alokabide, madre de tres hijos, fue desalojada de su vivienda tras constatar una deuda de 9.000 euros, generada durante 22 meses, con la sociedad pública del Gobierno Vasco, que gestiona el parque de viviendas de alquiler de protección oficial.

Durante el desahucio seis activistas que protestaban pacíficamente de cerca de un centenar de personas, fueron identificados por la Ertzaintza, a pesar de que la protesta fue debidamente comunicada como una violación grave” del pacto internacional de Derechos Humanos que exige que no haya “ningún desalojo sin alternativa habitacional”. Finalmente el Consistorio ofreció un apartamento de acogida como hogar para la madre y sus hijos desalojados.

A finales del pasado mes de agosto estas personas recibieron la comunicación de un  expediente que contiene una propuesta de sanción por valor de 602 euros en concepto de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida ley mordaza. Desde el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se les acusa de “obstrucción a la autoridad” durante el desalojo de la vivienda.

En un comunicado hecho público desde la plataforma Kaleratzeak, en el que dieron a conocer las sanciones, consideran que se encuentran actualmente en una situación de “indefensión jurídica clara” ante la situación de que “somos los denunciados los que tenemos que probar nuestra inocencia, en lugar de que los tribunales tuvieran que probar nuestra culpabilidad”,

La plataforma recuerda cómo aquella actuación de desahucio, se iba a llevar a cabo sin que existiera una “alternativa habitacional” para esa familia, ante la propuesta del Ayuntamiento de Vitoria de ofertar plazas en un albergue municipal, “lleno en esa fecha”, en la que se produjo el desahucio.

 Junto a su intención de no abonar los 602 euros y recurrir las sanciones recibidas, este colectivo  hace un llamamiento a una concentración para el jueves 14 de septiembre, en la Plaza de la Virgen Blanca, en la que tratarán de “recabar la solidaridad para que el Gobierno Vasco archive el expediente” y expongan de manera pública las secuelas derivadas del desahucio ocurrido el 15 de septiembre de 2016.

Así mismo esta plataforma recuerda también la moción aprobada en el Parlamento vasco, el 22 de junio de 2016, en la que salió adelante el rechazo a la ley mordaza por “vulnerar derechos fundamentales” y a no aplicar la ley en Euskadi y denunciar públicamente su aplicación y solidarizarse con la personas afectadas. En aquella ocasión se aprobó el documento con el voto favorable de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Podemos. A pesar de esa decisión en el legislativo, la plataforma denunció “los 4.550 expedientes abiertos por denuncias de la Ertzaintza”. Una de ellas es impuesta a un periodista de la emisora Hala Bedi durante los incidentes registrados en Errekaleor la jornada en la que técnicos de Iberdrola procedieron a cortar la luz en los pisos ocupados del barrio.

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El sábado, 9 de septiembre, a las 12.00 horas, ‘performance’ en el “txiringito” de la playa vizcaína de Ereaga (Getxo) en memoria de las más de 5.000 personas muertas en el Mediterráneo

Ongi Etorri Errefuxiatuak denuncia en un comunicado que en 2016 se ahogaron 5.000 personas desplazadas en el Mediterráneo, “un 25% más que el año anterior”. “A pesar de las sucesivas y cada vez más crueles medidas anti-inmigración que la UE y sus gobiernos van adoptando, las cifras de personas desplazadas que fallecen en el intento de lograr una vida mejor siguen siendo un verdadero escándalo”, “Lo esencial” es que todas estas personas son, “como nosotros”, sujetos de derechos, “algo que nadie les reconoce”.

“Lo accidental pero terrible es que, para poder ejercer sus derechos, tengan que echarse a la mar, jugándose la vida en precarias embarcaciones”, añade. “Y aunque nos parezca extraño, estas desesperadas huidas tienen mucha lógica, porque como dijo una persona superviviente de dos naufragios: “cuando la vida se parece tanto a la muerte, no cuesta tanto intentarlo otra vez’”.

Para Ongi Etorri Errefuxiatuak “no somos ajenos a las causas de esta barbarie”. “Desde nuestro puerto de Santurtzi, y bajo la protección del Gobierno español, se trafica con armas con una de las dictaduras amigas más crueles de la tierra, Arabia Saudí, en contra del dictamen de la Eurocámara que ya el pasado año solicitó la suspensión inmediata de la venta de armas y del apoyo militar de los estados de la U.E. a Arabia Saudí, en una resolución en la que se denunciaban sus bombardeos sobre la población civil de Yemen”.

“Asimismo, también tenemos la ingeniería Sener, orgullo del Gobierno vasco y otra empresa más que se lucra con el negocio de la guerra, mediante el desarrollo de misiles y sus sistemas de guiado”. Ongi Etorri Errefuxiatuak invita a “acabar con las guerras y con el comercio de armas”. “Acabemos con esa crueldad y ayudemos a las personas que huyen de ello. No pongamos inútiles puertas a la mar y organicémonos para compartir lo que tenemos. Porque cuando alguien dice ‘aquí no cabemos todos’, lo que se está queriendo decir es que para que unos tengan de más hay que quitarles a otros muchos lo poco que les queda”

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Movilización frente al ayuntamiento de Bilbao por la libertad de David Rincón

Ayer se realizó una nueva concentración por la libertad del bilbaíno David Rincón, que el próximo 6 de septiembre cumplirá 2 meses en prisión en la cárcel de billwerder sin acusaciones concretas, tras su detención en la ciudad alemana de Hamburgo, ciudad en la que se realizó la cumbre mundial del G20 a primeros del mes de Julio.

El G20 se reunió en Hamburgo y miles de personas protestaron ante los Jefes de Estado y de Gobierno de las principales potencias capitalistas, por la inhumanidad de las guerras de rapiña sostenidas por estos, la explotación y expoliación de las naciones pobres que está provocando el desplazamiento de millones de personas que son abandonadas en las fronteras y no son reconocidos los derechos de asilo contenidos en los tratados internacionales.

Decenas de personas fueron detenidas en las distintas movilizaciones y todavía siguen arrestadas en prisión preventiva sin acusaciones concretas. Además no hay ninguna intención por parte del tribunal ordinario de celebrar procesos a corto plazo (se habla de un máximo de seis meses). La fiscalía ha impedido cualquier solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario aludiendo al peligro de fuga.

Como en otros casos la detención de David Rincón se produjo fuera de las manifestaciones de protesta, ya que la policía se dirigía a ciudadanos y ciudadanas no alemanas que estaban en las cafeterías. La justificación era hablar en idioma no local.

Es por lo que debemos apoyar y solidarizarnos con estas personas detenidas y encarceladas por movilizarse en Hamburgo contra el sistema capitalista heteropatriarcal. Exijamos su inmediata puesta en libertad.

Publicado en 13O no debemos

Por la libertad de David Rincón: Concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao el Miércoles día 23 a las 19:00 h.

El próximo 6 de Septiembre el bilbaíno David Rincón, cumplirá 2 meses en prisión sin acusaciones concretas, y sin saber cuál va a ser su itinerario judicial, tras su detención en la ciudad alemana de Hamburgo, ciudad en la que se realizó la cumbre mundial del G20, por varios policías el jueves día 6 de Julio a la noche.

Además no hay ninguna intención por parte del tribunal ordinario de celebrar procesos a corto plazo (se habla de un máximo de seis meses). La fiscalía ha impedido cualquier solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario aludiendo al peligro de fuga.

Como en otros casos la detención de David Rincón se produjo fuera de las manifestaciones de protesta, ya que la policía se dirigía a ciudadanos y ciudadanas no alemanas que estaban en las cafeterías. La justificación era hablar en idioma no local. La arbitrariedad de la actuación policial queda patente en el testimonio de la Italiana María, quien manifestó por carta que había acabado en prisión por el mero hecho de quedarse a auxiliar a una chica con el pie roto.

David como el resto de las personas detenidas en Hamburgo en movilizaciones contra la Cumbre del G-20, protestaron ante los Jefes de Estado y de Gobierno de las principales potencias capitalistas, por la inhumanidad de las guerras de rapiña sostenidas por estos, la explotación y expoliación de las naciones pobres que está provocando el desplazamiento de millones de personas que son abandonadas en las fronteras y no son reconocidos los derechos de asilo contenidos en los tratados internacionales.

Es por lo que no debemos abandonar a estas personas detenidas y encarceladas por movilizarse en Hamburgo por otro mundo posible. Exijamos su inmediata puesta en libertad.

 

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