Una sentencia desproporcionada que recorta libertades (Por Joaquín Urias)

Ya ha llegado la sentencia y es una sentencia muy dura. Las penas de cárcel impuestas resultan a todas luces desproporcionadas para el relato de los hechos que se hace. Resulta muy difícil de entender que se castigue con tantos años de cárcel unos hechos que se parecen demasiado a la desobediencia o, a lo sumo, a la resistencia a la autoridad.

El mensaje político está muy claro: el Estado es duro y no consiente experimentos que pongan en duda el régimen de 1978. Las medidas draconianas de prisión, restricción de derechos políticos y demás tenían sentido. Sin embargo, a esta afirmación política, destinada a salvaguardar como sea la unidad territorial de España, sólo se puede llegar desde la pirueta jurídica.

Los magistrados de Tribunal Supremo, grandes profesionales del derecho penal, han tenido que inventarse un delito para la ocasión. La aplicación del delito de rebelión -rechazada por prácticamente toda la doctrina española independiente- se demostró imposible sin debilitar mucho la decisión. Aunque fue la excusa para inhabilitar a los presos e incluso impedirles tomar posesión de sus actas de diputados, al final ha desaparecido.

Así surge la sedición.  De la sedición sabemos que implica un alzamiento tumultuario para impedir que se apliquen las normas o las autoridades públicas ejerzan sus funciones. A diferencia de la rebelión, no se trata de utilizar la violencia para modificar la estructura del Estado sino de -mediante la fuerza o simplemente fuera de los caminos previstos por la ley- obstaculizar el Estado de Derecho. La gravedad que el Código Penal atribuye a este delito lleva a pensar que debe tratarse de actos continuados y tan cualificados que puedan llevar en la práctica a la suspensión efectiva del Estado de Derecho.

Sin embargo, el Tribunal Supremo lo ha convertido en un cajón de sastre. Leyendo los hechos concretos que se le imputan a cada uno de los acusados se llega a la conclusión que el mero llamamiento a obstaculizar un registro judicial y a efectuar una consulta popular organizada por asociaciones sociales pero prohibida constituye ya este delito. Califica como tal a actos que hasta ahora se calificaban simplemente de resistencia a la autoridad o desobediencia. Lo hace, sobre todo, porque la desobediencia y la resistencia forman parte, según dice, de un plan de imposible cumplimiento para llegar a la independencia de Catalunya.

A mi modo de ver, las iniciativas políticas que integraron el procés son inconstitucionales. Las instituciones catalanas se salieron del cauce de la legalidad y olvidaron que no sólo se deben a sus votantes, sino a toda la población de Cataluña. Desde el punto de vista jurídico creo que se equivocaron y, sin duda, se saltaron la ley. Pero ni era eso lo que se juzgaba aquí, ni esas ilegalidades antidemocráticas están castigadas con penas de cárcel.

La sentencia se empeña en mencionar todos los tópicos unionistas, y por eso incurre en contradicciones que evidencian su carácter político: afirma que la policía no pudo evitar el referéndum porque un conseller la engañó mostrando una buena voluntad que era falsa. Entiende que la resistencia pasiva a unos policías antidisturbios en un acto violento… de los manifestantes. Se extiende en que el derecho a decidir no existe y que la independencia nunca iba a suceder… pero se ceba en los acusados por intentarlo. La gradación de penas es desproporcionada y posiblemente evitará que los presos ya encarcelados alcancen cualquier tipo de libertad en los próximos meses. Al menos los convertirá en juguete de las luchas políticas entre gobiernos y jueces durante un buen tiempo.

Con  todo, lo peor de la sentencia -como viene sucediendo con muchas de las medidas represivas adoptadas a raíz del proceso independentista catalán- no es el daño que provoca inmerecidamente a unos acusados que no deberían estar en la cárcel. Siendo esto grave, lo terrible socialmente es el efecto que esta sentencia va a tener sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en España. El núcleo de la argumentación fáctica se centra en los hechos ocurridos el día en que se concentró un grupo de ciudadanos a protestar contra un registro judicial y el día que otros ciudadanos se resistieron a la policía que  quería impedir que participaran en una consulta organizada por organizaciones sociales. En este terreno, la Sala del Tribunal Supremo realiza una lectura reductora del derecho de manifestación con efecto desalentador lacerante. Supone un aviso para cualquiera que organice protestas pacíficas que no sean del agrado de las autoridades.

Si tuviéramos un verdadero Tribunal Constitucional, no dudo de que esta sentencia se vería revocada pronto por lesionar los derechos de reunión y la libertad de conciencia. Pero absolutamente nadie espera nada de eso de un Tribunal que hace ya mucho que dejó de defender los derechos y sólo defiende al poder. Así que, siendo realistas, la única esperanza que nos queda a los españoles conscientes de la importancia de los derechos fundamentales está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre tanto, sólo nos queda acatar la decisión y no perder la fe en este Estado de Derecho que desmoronan quienes deberían protegerlo. Como los jueces del Supremo.

Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional

https://www.elnacional.cat/es/opinion/sentencia-proces-joaquin-urias-desproporcionada_429890_102.html

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El presidente de Ecuador deroga el decreto de aumento de los precios del combustible

Tras 12 días de movilizaciones callejeras y una violenta represión, el Gobierno de Lenín Moreno anunció, la derogación del decreto de aumento de los precios del combustibles impuesto por el FMI y una mesa de diálogo con las direcciones indígenas para negociar un nuevo decreto.

Han sido 12 días de revueltas callejeras, de brutal represión que se descargó sobre el pueblo de Ecuador, que dejó al menos 7 muertos y cientos de heridos y detenidos. En las calles confluyeron indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes y el pueblo en su conjunto que se enfrentaron a la represión policial, haciendo arder vehículos y atacando a los símbolos del poder.

El pasado 1.° de octubre, en el marco de las negociaciones con el FMI, por medio del Decreto 883 estableció el fin de los subsidios a los combustibles. En un país signado por la dolarización de la economía, la medida supuso un durísimo ataque a las condiciones de vida de amplias capas de la población, golpeando de lleno sobre el precio del transporte y empujando el aumento de todos los productos básicos. Los transportistas y amplias capas de los campesinos fueron los principales afectados.

Los empresarios del transporte que fueron quienes encendieron la mecha de las protestas el 1.° de octubre, levantaron el paro sectorial a los pocos días, tras negociar un aumento del combustible y desde ese momento el protagonismo de las protestas quedó mayoritariamente en manos del movimiento indígena, agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El sábado 12 de Octubre, la dirección de la CONAIE había aceptado por primera vez sentarse a negociar con el Lenín Moreno, dejando la puerta abierta a una modificación del decreto, se aceptaba la mesa de diálogo aunque el Gobierno no había liberado a los presos, echado a los ministros responsables de la represión, ni eliminado el estado de excepción.

En el acuerdo final no se menciona nada sobre la responsabilidad del Gobierno en la brutal represión de la última semana y media, sobre los muertos y heridos, como así tampoco sobre la renuncia de la Ministra de Gobierno y el Ministro de Defensa, que eran exigencia de los manifestantes. A su vez no se dieron detalles de cómo sería el nuevo decreto que el Gobierno diseñará con las direcciones indígenas, que sí le garantizaron una paz social inmediata al ordenar a sus bases suspender las movilizaciones en todos los territorios.

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Manifestación contra la POBREZA: Jueves 17 de octubre, 11,30 h. desde la plaza Moyua

La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

Las personas allí reunidas proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día y de la que se han hecho replicas en otras partes del mundo. Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen cada año ante estas placas para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.

La plena participación de las personas empobrecidas, especialmente en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus comunidades, debe ocupar un lugar central en las políticas y en las estrategias para un futuro sostenible. De este modo, podemos garantizar que nuestro planeta y nuestras sociedades presentes y futuras respondan a las necesidades y a las aspiraciones de todas las personas, y no solamente a las de algunos y algunas privilegiadas.

Personas afectadas por la pobreza, por conflictos, por guerras se ven sin hogar, obligadas a desplazarse o forzadas a emigrar o cambiar de país para encontrar refugio, una vida mejor. En estos procesos de tránsito, muchas personas migrantes y refugiadas, se encuentran con situaciones de discriminación, exclusión, violencia; se encuentran con una violación clara de sus derechos y su dignidad. Especialmente graves son estas situaciones para las mujeres y los niños y niñas.

Acabar con la pobreza y respetar los derechos humanos exige un compromiso claro por parte de las instituciones públicas; no se trata de conmemorar un día al año, se trata de poner la voluntad política y los recursos necesarios para que los derechos humanos sean respetados en todo el planeta.

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El Movimiento de pensionistas exige a Pedro Sánchez que cumpla sus promesas

En el curso de un acto preelectoral celebrado por Pedro Sáncheza en Madrid esta semana, hizo públicas estas promesas:

. El Gobierno actualizará las pensiones con el IPC a partir del 1 de enero. Y se compromete a hacerlo en diciembre, aunque su gobierno siga en funciones.

. Propone blindar el sistema público de pensiones en la Constitución y abordar “las reformas que garanticen su sostenibilidad y su suficiencia, actualizando las pensiones con el IPC real y aumentando las pensiones mínimas y no contributivas, en atención al dialogo social y en el marco del Pacto de Toledo”

. Reitera su disposición a  la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, el impulso de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que incentive la actividad económica para la creación de empleo digno con contratos indefinidos. E insiste en su compromiso de que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe en el 60% del salario medio al acabar la legislatura y de proponer un ingreso mínimo vital.

.Acabar con los copagos sanitarios de manera progresiva empezando por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad.

Son promesa un tanto electoralistas y nada concretas, salvo la de que subirá el IPC a partir del 1 de enero. Y subordina todas las demás a que sean acordadas dentro del marco del díálogo social y del Pacto de Toledo, con las largas experiencias negativas que tenemos sobre lo que de esos marcos ha salido y puede salir. En cuanto a decidir la subida del IPC espera a hacerlo en diciembre, y según como salgan los resultados electorales y se forme un nuevo gobierno, puede encontrase con la coartada para justificar su “imposibilidad” de poder decidirla. Y cuando señala que lo hará aún estando en funciones lo mínimo que hay que achacarle es porqué no lo ha hecho ya hace meses y fuera de la campaña electoral.

Las desconfianza con todas estas promesas de Pedro Sánchez no puede conducirnos a pasar del tema. Al contrario, tenemos que exigirle durante todos los próximos días y semanas, que se deje de coartadas injustificadas y que tome ya la decisión inmediata de que, al menos, para el 1 de enero suba el IPC a todas las pensiones y las mínimas a 1.080 euros. Aunque le seguiremos recordando la necesidad urgente de que de respuesta a todas nuestras demandas.

En cuanto a la recaudación fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca, el Consejo Vasco de Finanzas anunció ayer que según sus previsiones este año se recaudarán 15.386 millones de euros. Un 2,7 % más que el año pasado, en torno a 320 millones de euros.

Se trata de un porcentaje de aumento y cantidad de dinero significativa, que podría haber sido mas alta si el Impuesto de Sociedades hubiera aportado lo que le corresponde. Una vez  más ha sido la recaudación de las rentas salariales la que más ha aportado y crecido, mientras que la del Impuesto de Sociedades ha decrecido – sobre todo en Bizkaia- a pesar de haber visto aumentados sus beneficios en torno al 20%. Eso sí, el salario medio en la CAV sólo ha crecido bastante  menos del 2,7%

Por otra parte, Rementería, Diputado General de Bizkaia, al igual  que los diputados generales de Gipuzkoa y Araba, señalan que ese aumento de recaudación debe ser dirigido a “inversiones productivas”. Hecho, por otro lado, falso pues será destinado a cubrir la deuda pública, una deuda que además es muy reducida si la comparamos con la del estado y otras instituciones autonómicas. Por lo que  las necesidades sociales – entre otras el complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros- les importa un rábano.

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Movilización contra la posible invasión turca de Rojava, Kurdistán de Siria: Viernes 11 de octubre a las 19:00 en la plaza Arriaga de Bilbo

El domingo a la noche el presidente de EEUU Donald Trump ordenó a sus soldados abandonar las posiciones que entorpecían una invasión turca sobre Rojava. Erdogan ha manifestado su intención de acabar con el proyecto revolucionario y feminista de Rojava y de llevar a cabo una limpieza étnica y de cambio demográfico.

Este ataque contra las comunidades kurdas, cristianas, circasianas o árabes puede ocurrir en cualquier momento. Por eso os convocamos el viernes 11 de octubre a las 19:00 en la plaza Arriaga de Bilbo a concentraros contra la invasión turca. Solidaridad con Kurdistán.

Manifestación convocada por: Kurdistanekin Elkartasun Ekimena

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La ONU firma un acuerdo con el Foro Económico Mundial que amenaza los principios democráticos

La última semana de junio de 2019 se celebró un enlace global entre Gobiernos y corporaciones al que ni siquiera se invitó a los propios Gobiernos y a la ciudadanía. La ocasión fue la firma de un memorándum de entendimiento (MOU) entre el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas. En virtud de este acuerdo, las dos instituciones se comprometen a adoptar unos niveles sin precedente de cooperación y coordinación en los campos de la educación, las mujeres, la financiación, el cambio climático y la salud. No existe ningún espacio parecido dentro del sistema de las Naciones Unidas para la sociedad civil, la academia, el sector confesional o la juventud.

El Foro Económico Mundial se ha hecho famoso debido a sus glamurosas reuniones anuales en la localidad suiza de Davos, en la que aterrizan con sus jets privados altos ejecutivos de corporaciones y un puñado de celebridades cada año, en enero. A través de sus publicaciones, grupos de trabajo y conferencias regionales, el Foro Económico Mundial pretende ser un actor global que pueda resolver los complejos retos de hoy. Sin embargo, padece una crisis de legitimidad, ya que son muchas las voces que acusan a sus socios multimillonarios de causar las crisis globales que aspiran a solventar.

El Memorándum les ayuda a conseguir la legitimidad pública que anhelan. Obliga al Secretario General de las Naciones Unidas a pronunciar un discurso en las reuniones anuales del Foro Económico Mundial en Davos, invita a los altos funcionarios de las Naciones Unidas y los encargados de sus principales organismos a participar en las reuniones regionales del Foro Económico Mundial y anima a los representantes de los diferentes países que forman las Naciones Unidas a trabajar con los centros nacionales del Foro Económico Mundial. Y lo mejor de todo para el equipo de relaciones públicas del Foro Económico Mundial: abarca un acuerdo para divulgar sus actividades conjuntas.

La gran pregunta a la que el memorándum no da respuesta es quién autorizó la decisión de convertir a las Naciones Unidas en un organismo de múltiples partes interesadas. ¿Por qué se le otorga a una entidad comercial un acceso privilegiado a una institución mundial que solo debería responder ante los Estados-nación? ¿A quién representa el Foro Económico Mundial más allá de sus múltiples socios multimillonarios?

En el ámbito de la financiación, el MOU pide que se “fomente un entendimiento compartido de inversión sostenible” sin decir nada de la reducción de las inestabilidades inducidas por la banca y la evasión fiscal. En el campo de la educación, el MOU redefine el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad” en una meta miope que aspira a responder al “mundo laboral, en rápida transformación”.

El acuerdo no incluye ningún compromiso para reducir la desigualdad global, lograr que la energía sea asequible, exigir a las compañías multinacionales que rindan cuentas por la vulneración de derechos humanos o proporcionar mecanismos que animen a los miembros del Foro Económico Mundial a cumplir los objetivos redefinidos por el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas. Los objetivos climáticos se limitan a compromisos para reducir las emisiones de aquí a 2050, sin reconocer ni un ápice la necesidad urgente de emprender acciones reales antes de 2030.

El peligro radica en que, al aceptar este acuerdo matrimonial con el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas socavan el sistema intergubernamental para ‘salvarlo’. Será misión de los huéspedes no invitados, los Estados y la ciudadanía del mundo anular este matrimonio.

Leer más en el siguiente enlace:

https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/las-naciones-unidas-firman-un-acuerdo-con-el-foro-economico-mundial-que-amenaza-los

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Rompe la ola de movilizaciones ante la amenaza de catástrofe climática global

(Por ecologistas en acción)

  • Desde primera hora de la mañana centenares de activistas han ocupado un puente en la zona de Nuevos Ministerios en Madrid. Cerca de allí otros cientos de activistas han improvisado una acampada frente al Ministerio para la Transición Ecológica.
  • Surge así una ola masiva de movilización ciudadana en España y en el resto del mundo causada por la inacción de los gobiernos ante la extrema emergencia climática y social.
  • Resistir y organizarse de manera exclusivamente pacífica para defender la vida es un deber ciudadano ante la amenaza colectiva.
  • La plataforma 2020 Rebelión por el Clima y el movimiento Extinction Rebellion Spain secundan esta convocatoria legal de acciones.
  • Es un compromiso con la democracia y con la protección del mayor bien común: el derecho a la vida de las generaciones futuras.                                      

Una ola de movilización ciudadana pacífica recorre de nuevo el planeta: en ciudades como Madrid, Londres, Buenos Aires, Nueva York, Auckland, París, Berlín, Praga o Melbourne la sociedad civil está saliendo a la calle para exigir un giro decisivo ante la situación de emergencia ecológica. Reclama democracia para la Tierra, es decir, una defensa urgente de nuestros bienes comunes, necesarios para la vida.

Seguir leyendo en el siguiente enlace: https://www.ecologistasenaccion.org/128208/rompe-la-ola-de-movilizaciones-ante-la-amenaza-de-catastrofe-climatica-globalmenaza-de-catastrofe-climatica-global/

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El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria anuncia nuevas movilizaciones para Noviembre

Comunicado de las Plataformas de Pensionistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa

Vitoria Gasteiz a 3 de octubre de 2019

Las concentraciones y manifestaciones que hicimos el lunes día 30 de setiembre en las cuatro capitales y en muchas comarcas y pueblos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa fueron un éxito. Unas 20.000 personas pensionistas salimos a la calle a denunciar con ocasión del Día Internacional de las personas mayores, las graves condiciones en que malviven en todo el mundo – incluido el llamado mundo occidental rico- cientos de millones de personas mayores, parte de ellas pensionistas. En Bilbao, el movimiento de pensionistas convergimos con las y los trabajadores del metal, reuniendo a unas 18.000 personas.

Ahora nos encontramos ante unas nuevas elecciones generales, motivado por la incapacidad de los de los grandes partidos denominados de izquierda y progresistas – aunque sus responsabilidades sean distintas- para elegir un nuevo presidente y formar un nuevo Gobierno. No podemos descartar el riesgo de que las derechas, el PP, Ciudadanos y VOX, se hagan con el poder.

Los grandes poderes económicos, empresariales y determinados partidos políticos se muestran contentos ante esa eventualidad, con la esperanza de bloquear el aumento de las pensiones, acabar o debilitar el sistema público de la Seguridad Social, impedir la mejora de los salarios y del empleo, y reducir todo el sistema público de servicios sociales.

El Movimiento Pensionista es un referente social en defensa de los derechos socio-económicos, de los servicios públicos y del estado del bienestar. Llevamos 90 lunes ininterrumpidos y más 20 meses en lucha. Pero necesitamos ampliar y extender esta respuesta social. Es necesario que los sindicatos y el movimiento obrero, el movimiento feminista, las y los jóvenes estudiantes o en precario, autónomos en situación difícil, pequeños y medianos comerciantes y otros sectores sociales marginados y explotados unamos esfuerzos en defensa de unos derechos básicos imprescindibles para una mayoría de la sociedad.

Al Gobierno que salga de las próximas elecciones, sea cual sea, le pediremos y exigiremos que apruebe ya la subida como mínimo del IPC garantizada por ley a todas las pensiones y la viabilidad del sistema público de pensiones y una pensión mínima de 1.080 euros y superar la brecha de género en las pensiones. Y a todos los candidatos y partidos políticos les recordamos todas nuestras reivindicaciones y que se comprometan con ellas, para que se reconozca y aplique en la próxima legislatura. Y a los gobiernos de Euskadi y Nafarroa hagan suya esta petición y desde YA complementen por ley las pensiones mínimas hasta 1.080 euros. Supresión de beneficios fiscales a los Planes Privados de Pensiones y EPSV.

Porque somos pensionistas sin fronteras, mandamos un abrazo solidario y nuestros deseos de éxito, tanto a las columnas de pensionistas que se dirigen a Madrid como a los que asistan a la concentración del día 16 en el Congreso, en defensa del Sistema Público de Pensiones

La Coordinadora de Plataformas Pensionistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa hacemos un llamamiento a todas las generaciones y a todos los agentes sociales para que responden con firmeza a esta situación y nos unamos a la Movilización Ciudadana de noviembre en las cuatro provincias de Hego Euskal Herria.

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Euskadi, más pobreza a pesar de la recuperación económica

La pleamar no hace subir todos los barcos

Artículo de: Mª Luz de la Cal y Mikel de la Fuente

Recientemente se han dado a conocer los últimos datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales que se realiza en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) desde 1986, referidos al período 2016-2018. Aunque algunos resultados son favorables, lo que es lógico dado que se trata de un período de crecimiento económico, otros nos indican que la tendencia a la reducción de las situaciones de pobreza y privación que se observaba entre 2014 y 2016 se ha roto.

Entre los positivos, cabe destacar la reducción de algunas las expresiones más severas de la pobreza. Así, la pobreza de acumulación, que refleja situaciones de pobreza crónica, dado que se refiere a las condiciones de vida a largo plazo y el acceso a un mínimo patrimonio de reserva, se redujo. También tuvieron menos incidencia los problemas graves y muy graves de alimentación, los cortes de suministro en los hogares o la venta de propiedades, el cambio de vivienda o de colegio para hacer frente a problemas económicos. Además, se redujo la pobreza infantil. Con todo, creció el porcentaje de personas que manifiesta tener frío en su hogar en el último invierno, esto es, la denominada pobreza energética.

A pesar de que el crecimiento del PIB de la economía vasca se ha mantenido en tasas superiores al 2% durante 2016, 2017 y 2018, algunos indicadores de pobreza reflejan que la recuperación no ha llegado a todos los hogares. Por citar algunos de ellos, señalaremos que el porcentaje de población en situación de pobreza real ha aumentado del 5,7 al 6,1%, mientras que el porcentaje de personas que, sin ser consideradas pobres, no disfruta de bienestar, aumentó del 5 al 6,5%. En conjunto, son un total de 270.294 personas. De ellas, 130.965 no pueden satisfacer las necesidades básicas y otras 139.328, aunque pueden satisfacerlas no pueden vivir de acuerdo con los estándares normales o medios de nuestra sociedad. En 2016 eran 230.516, un número muy superior a las 175.668 de 2008, antes del inicio de la crisis.

Seguir leyendo en el siguiente enlace: https://vientosur.info/spip.php?article15167

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El Banco de España vuelve a la carga contra el sistema público de Pensiones

Si en mayo el Gobernador del Banco de España propuso una reforma urgente de las pensiones  basada en retrasar aún más la edad de jubilación, en recortar las prestaciones en función de la esperanza de vida, la aplicación ya del factor de sostenibilidad y potenciar los sistemas de pensiones privadas, ahora de nuevo, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, vuelve a la carga pidiendo este martes «reformas de calado», para la reducción del déficit, no vincular las subidas de las Pensiones al IPC, y aplicar las reformas de Zapatero y de Rajoy en su totalidad.

El Banco de España cada cierto tiempo vienen repitiendo la inviabilidad de las pensiones y proponiendo que el sistema público se convierta en un sistema de beneficencia, así como la OCDE, el FMI, la C.E., el BCE, etc., y los servicios de estudios de todas las entidades financieras, interesadas en promover los fondos privados de pensiones como gran negocio lucrativo.

Y es que Pacto de Toledo estableció la financiación de las pensiones solamente  al ingreso por las cotizaciones, separando la Seguridad Social del Estado, no solo administrativamente sino también financieramente, siendo este un sistema cerrado que tiene que autofinanciarse. Cuando la Seguridad Social, no es algo distinto del Estado y por lo tanto lo lógico es que tanto los excedentes como los déficits se enjugasen con aportaciones (no préstamos) del mismo Estado.

La viabilidad de las pensiones al igual que la de todos los gastos sociales, como la sanidad o la enseñanza no depende, como nos quieren hacer creer, de cuántos ingresos se producen, sino de la riqueza del país y de cómo se distribuye la misma.

Nos dicen que no hay dinero para las pensiones los que están saqueando el país, los que en España no se enteraron o miraron para otro lado en el saqueo, expoliación y hundimiento de las cajas de ahorros, las estafas financieras como las preferentes y fusiones de cajas como Bankia y no dejan de presionar constantemente al poder político para atacar a los derechos laborales y sociales como las pensiones.

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