En Europa se decide más del 80% de lo que afecta a nuestras vidas. En cuestiones económicas se cumplen las directivas por ser obligatorias, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a una cierta coordinación fiscal, destaca la determinación de un máximo del 3% de déficit público y del 60% de la deuda pública, respecto al PIB del país. La imposición de la reforma del Art. 135 de la Constitución, para el rescate bancario, los tratados de libre comercio como el CETA, entre otras muchas. Recientemente ha sido aprobado en la Eurocámara impulsar los planes de pensiones privados con un nuevo «producto paneuropeo».
En cambio, en derechos sociales no hay directivas de obligado cumplimiento. Se prima el cumplimiento de las medidas económicas frente a los derechos sociales. La Carta Social Europea, es el instrumento más avanzado de reconocimiento de los derechos sociales, ratificada por España en 1988, pero no así las siguientes revisiones de 1995 y 1996 (Firmada por 15 países entre ellos Portugal y Francia), y sobre todo el protocolo de reclamaciones colectivas de 1995, que proporcionaría mayor exigibilidad y efectividad, por lo que son papel mojado.
La firma de este protocolo implicaría el poder reclamar derechos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se produzcan violación de derechos sociales. Así, se ha reconocido los derechos de los deudores en procesos de ejecución hipotecaria frente a los bancos. Lo que supondría una revitalización de los derechos sociales en España.
Los distintos gobiernos españoles en estos últimos años se han resistido a la ratificación de la Carta Social Europea. Así el pasado 1 de febrero el Gobierno dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada, según se establece el acuerdo PSOE-Podemos, pero sin incluir el protocolo de reclamaciones colectivas, que de nuevo ha quedado sin ratificar.
Cambiar esta tendencia sólo será posible si en las próximas elecciones los grupos de izquierdas, obtienen absoluta mayoría en el Parlamento de Bruselas. El Movimiento de Pensionistas quiere estar presente con esta manifestación, ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, quiere que se le escuche y se defiendan sus reivindicaciones.
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